REDUCIR LA POBREZA EN UN PERÚ CADA VEZ MENOS POBRE

LA POBREZA EN EL PERÚ

ARTÍCULO de La República:

La reciente presentación de las cifras de pobreza del 2013 del INEI nos trae buenas noticias. De un lado, la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país siguen reduciéndose. Desde 2011, un millón de peruanos han dejado la condición de pobreza, y solo en este año hay cerca de 380 mil peruanos que dejaron la condición de pobres extremos. No solo se ha reducido la pobreza, sino que eso se logra con una desigualdad decreciente, y con un mayor acceso de los pobres a servicios públicos esenciales. Así, vemos que en nuestro país, el ingreso de los más pobres viene aumentando más aceleradamente que el de los más ricos; que la pobreza en la sierra y selva se viene reduciendo más rápidamente que en la costa, y que lo mismo viene sucediendo en la zona rural frente a la urbana. Encontramos que solo entre 2012 y 2013, la asistencia a educación inicial de los pobres paso de 60% a 66% (6 puntos porcentuales, p.p. mas); que la asistencia a secundaria creció en 2 p.p. para llegar a 72%; que la cobertura de seguro de salud de pobres creció de 65% a un notable 72%, y que incrementos similares se dan en el acceso a agua de red pública, luz eléctrica y telefonía celular (a la que hoy aceden el 72% de pobres). Quizás como nunca antes, vemos que brechas históricas vienen acortándose.

Las razones son bien conocidas: un dinámico crecimiento económico y políticas sociales que funcionan. Para el Perú el rol del crecimiento económico es central, estimándose que este es responsable por el 75% al 85% de la reducción de la pobreza. Y, en esto, la experiencia peruana dista de ser única: en las últimas décadas, para el mundo, se estima que el crecimiento explica entre el 70% y 95% de la reducción de la pobreza.

Significa esto que ¿podemos descansar en el crecimiento económico exclusivamente para reducir la pobreza en el futuro? ¿O será que en este mundo cambiante –en este Perú cambiante, donde la pobreza es cada vez menor– debemos apostar también a políticas que permitan reducir la desigualdad, para acelerar la reducción de la pobreza y continuar por la senda del crecimiento?

De modo recurrente, asistimos a una discusión que parece plantearse elvolcar la atención a políticas pro-crecimiento, vis-a-vis políticas para la equidad, como si las políticas orientadas a ambos objetivos fueran alternativas excluyentes. Esta discusión, además, tiene que ver con la principal apuesta política de este gobierno, resumida en "crecer para incluir e incluir para crecer". [Bonito lema, pero que lamentablemente está aún lejos de las realizaciones]. En otras palabras, en la apuesta de que tanto el crecimiento es necesario para la inclusión, como la inclusión necesaria para el crecimiento. Ambos son importantes, imposible pensar en uno sin el otro.

Quiero por tanto destacar dos ideas relacionadas con esta conclusión. La primera es una intuitiva: la pobreza extrema, aquí y en todas partes, se caracteriza por un acceso limitado a distintos tipos de capital: crédito para emprender negocios, infraestructura básica, capital humano, entre otros. Una política pública que la atienda, debe proveer la igualdad de oportunidad en términos del acceso a distintas formas de capital. Cada vez esto será más difícil de lograr solo por efectos del crecimiento, pues llegamos a un núcleo duro de esta pobreza (basta con recordar que la escolaridad media de un pobre extremo en el Perú es de menos de 6 años).

La segunda idea es que la mayor igualdad es esencial para el crecimiento sostenido. Literatura reciente y no precisamente desde la izquierda (Inequality and Unsustainable growth, two sides of the same coin?, Berg, A., y J. Ostry, FMI, 2011) demuestra que la desigualdad es un importante impedimento al crecimiento sostenido y a la reducción de la pobreza. En efecto, se encuentra que la desigualdad es un determinante clave de la (menor) duración de los ciclos de crecimiento, y es precisamente de esta duración, no de las meras aceleraciones o "picos", de donde resultan las ganancias de ingresos en el largo plazo. Así, países con distribuciones equitativas de ingreso tienen ciclos de crecimiento más largos.

La conclusión es que es importante enfatizar en políticas de crecimiento y distribución que se refuercen entre sí y ayuden a establecer las bases de un crecimiento sostenido. Existen políticas como las de esta gestión de gobierno –inversión en programas y servicios sociales eficientes– que son un "win-win": sirven a la equidad y sirven a la mayor productividad y crecimiento. Apostar por políticas para el crecimiento y la inclusión es necesario, pues de ambos depende nuestro real desarrollo. [Lamentablemente, el gobierno ha enfatizado más el asistencialismo –redistributivo, con poco énfasis en lo productivo- que el apoyo y promoción de la inversión privada, de la cual proviene el crecimiento y sus aportes fiscales y demás, que hacen posible la acción del Estado. Ver: Luces y sombras de la visita de Lula al Perú].

COLUMNA DE REPORTEROS

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

El coeficiente de intimidación

¿Cómo se experimenta y mide el poder real?  En su nivel más elemental, quien tiene más poder es aquel que puede afectar a los demás y no ser afectado por ellos.

Esa realidad no corresponde muchas veces con la percepción encuestada del poder o con las precedencias de protocolo. Lo que la define es una suerte de coeficiente tácito de intimidación a partir de esa percepción no verbalizada pero rápida de poder.

Uno de los resultados colaterales de mi trabajo en el periodismo de investigación ha sido percibir empíricamente quiénes tienen más y quiénes tienen menos poder.

Ahora les digo cómo.

Desde que IDL-Reporteros publicó el primer artículo de su primera investigación en febrero de 2010, han salido a la luz binaria casi 650 notas sobre diversas y heterogéneas investigaciones periodísticas.

Tuvimos desde el comienzo la política de ofrecer libremente nuestro contenido a otras publicaciones, solo bajo la exigencia de que se respetara la integridad del texto y se acreditara su autoría.

Eso multiplicó el alcance de nuestras investigaciones, las hizo llegar a públicos diferentes y ayudó en mucho en lograr el objetivo de provocar una reacción moral, y a veces legal, frente a lo revelado.

Luego de un tiempo descubrimos que las reproducciones y republicaciones tenían un cierto patrón de jerarquías, preferencias y también censuras, que dibujaban indirectamente algo que estaba a medio camino entre un ranking y un mapa del poder.

¿Qué causaba que una investigación fuese profusamente difundida, que lo fuera a medias o que no se le hiciera ningún eco?

"¿Qué causaba que una investigación fuese profusamente difundida, que lo fuera a medias o que no se le hiciera ningún eco?"

Una respuesta obvia es, por supuesto, la de la calidad y la importancia propia del reportaje de investigación.

Otra, casi igual de obvia en la prensa peruana, es la de la posición política del medio (por general que fuese) con relación a la de quienes eran investigados.

Pero una vez que se tenía en cuenta lo uno y lo otro, ¿qué determinaba el eco periodístico de una investigación?

Sin duda que la percepción del poder real de la persona o grupo cuyas acciones e inacciones eran expuestas en la narrativa de nuestras investigaciones.

Como se sabe, muy pocas investigaciones son elogiosas ni revelan virtudes insospechadas en el investigado. La mayoría saca a la luz casos de abuso, atropello, robo, depredación, usura, contaminación, entre otras cosas.

Tuvimos casos de regular importancia que recibieron una gran cobertura y casos de gran importancia que no tuvieron ninguna.

Los patrones de decisión eventualmente emergieron con mucha claridad. En términos globales, entre los medios había gente a la que se mencionaba sin consideración alguna; otros a los que se zamaqueaba como estudiando hasta donde se podía llegar; unos más a los que se nombraba pero poniendo énfasis en que se estaba reproduciendo a otra publicación; y finalmente aquellos a los que no se tocaba y tampoco se mencionaba ni en voz alta ni en susurros ni suspiros.

Ahí estaba el poder. Cuyos niveles, mayores o menores podían expresarse en última instancia a través de una suerte de coeficiente de influencia e intimidación.

El coeficiente de intimidación de una persona o de una organización dada no significa por lo general (aunque a veces lo incluye) el tipo de miedo que provoca un gángster, un matón de pandilla de esquina o de gobierno regional, de esos que hacen que una fuente asustada ruegue que no se la identifique, porque si la descubren le “mandan la moto”.

Por lo general, el coeficiente intimidatorio es mucho menos físico, más general, menos referido a la mortalidad que al desmedro. Al miedo frente al poder. Y a veces al respeto.

El estereotipo actual es que el poder mayor es el proviene del Estado. Y dentro de él, siendo el tipo de nación que somos, del presidente de la República.

Pero esa era y es una percepción inexacta.

Hay diferencias notables en el coeficiente de intimidación de los políticos. Algunas de ellas son contraintuitivas. Pero en términos generales, la mayor parte de los políticos tiene un coeficiente de intimidación bastante bajo.

Lo vimos en las investigaciones que sacamos sobre políticos y sus irregularidades. El escándalo de Cofopri, por ejemplo, publicado todavía durante el gobierno de Alan García, que implicó al entonces secretario general del Apra, Omar Quesada, tuvo una gran cobertura, en casi todos los medios.

Tiempo después, en otro caso de alto perfil, el de las Brujas de Cachiche, que tuvo como protagonista al vicepresidente de la República de este régimen, Omar Chehade, el rebote en otros medios fue también muy alto y sostenido.

Tampoco ha habido vacilación en reproducir notas de IDL-R sobre graves problemas con la Policía o las Fuerzas Armadas.

El reportaje, ‘el Abandono’, sobre la calamitosa operación durante los secuestros de Kepashiato, en el que se abandonó a tres policías que acababan de descender de un helicóptero, tuvo rebotes intensos y generó comentarios apasionados.

Las investigaciones sobre contratos de defensa en los que hubo indebida influencia y pagos, como el de la empresa Global CST, Hernán Garrido Lecca y el Comando Conjunto de entonces (2009), tuvieron también, aunque en menor grado, cobertura.

Cuando hemos publicado notas sobre cocaleros y erradicación de cocales, incluso en casos en los que se ha cometido abusos y se ha falseado pruebas, los ecos se hacen cautos. No se llega al silencio, pero sí a la voz baja.

Pero cuando publicamos notas que involucran a los grupos económicos grandes, la experiencia nos ha enseñado que entramos en la zona del silencio, que va del simple al trapense.

Las notas sobre contaminación minera y la actitud de varias compañías de enfrentar y enredar en lo posible a la autoridad reguladora, para mantenerla impotente e ineficaz, tuvieron escaso eco, pese a su importancia. Lo mismo las que publicamos sobre los conflictos de interés en la regulación de la telefonía y las grandes compañías que las manejan.

Cuando IDL-R publicó una extensa investigación sobre el fraude sistemático y masivo en la gran industria pesquera; y sobre el promiscuo entremezclamiento de intereses privados con la regulación estatal, el silencio fue casi total.

Tiempo después, cuando sacamos a luz una investigación detallada sobre el oligopolio que controla abusivamente los bancos y la actividad financiera en la nación, en medio de una regulación que oscila entre la timidez y la impotencia, el silencio alcanzó su mayor elocuencia.

Ahí estaba el poder. Si había un lugar en el que poner la letra alfa, era ese. A partir de ahí se podía iniciar el descenso en el alfabeto. En algún lugar, entre la mitad y el fin, se encontraban los políticos.

Por supuesto que entre ellos había también diferencias.

El coeficiente de intimidación de, por ejemplo, Alan García, es muy superior al de Alejandro Toledo, que probablemente está –en ese aspecto– a la cola de todos.

Lo cual no tiene mucho que ver con entrecejos fruncidos ni masividad física sino con la manera de administrar la autoridad. Valentín Paniagua, por ejemplo, fue un presidente que logró un coeficiente considerablemente más alto que el que tiene ahora el presidente Ollanta Humala.

Era otra circunstancia, es verdad. Pero quienes recuerden la forma con que Paniagua enfrentó a Nicolás Lúcar en canal 4, mantendrán memoria de cómo la controlada pero elocuente indignación de Paniagua aplastó a Lúcar y consolidó entonces el respeto que sus hechos le habían ya ganado en esos días decisivos.

Luego de ese breve período en el que la autoridad republicana estuvo en la posición que debe mantener en una democracia saludable, las cosas cambiaron rápido, y el ranking del poder real cambió en la forma que me tocó comprobar empírica, aunque indirectamente, a veces indignado y otras divertido porque en esta vida, si se mantiene los ojos abiertos, no se termina de aprender♦

SOBRE INCREMENTO PATRIMONIAL

PARA LAS PERSONAS NATURALES

Incremento patrimonial podría justificarse con ingresos que se mantienen del ejercicio anterior

Ingresos de un ejercicio anterior pueden justificar el incremento patrimonial, si la persona natural acredita con documentación pertinente que al inicio del ejercicio actual aún mantiene en su poder tales fondos e incluso le sirvieron para justificar gastos.

Fotografía: Gestión

Para que los ingresos de un ejercicio anterior puedan ser considerados válidamente como fondos disponibles y justificadores del incremento patrimonial, los contribuyentes deben acreditar, con la documentación pertinente, que al inicio del ejercicio actual mantienen en su poder tales fondos y que estos han servido para justificar los gastos de este último.

Al respecto, cabe precisar que la Ley del Impuesto a la Renta dispone que los incrementos patrimoniales cuyo origen no puede ser justificado, constituyen renta neta no declarada por el contribuyente.

Aún más, que tales incrementos patrimoniales no pueden ser justificados con: a) Donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en una escritura pública u otro documento fehaciente, b) ganancias de actividades ilícitas, c) ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado, entre otros supuestos.

Así lo dispuso en el Tribunal Fiscal en la Resolución N°6741-8-2013, al rechazar el recurso de apelación planteado por una contribuyente sancionada por la Sunat al verificarse que el importe de sus ingresos no guardaba relación con sus adquisiciones.

El caso concreto

En un procedimiento de fiscalización, la Sunat determinó el incremento patrimonial no justificado de una contribuyente, correspondiente al ejercicio 2008. Al evaluar y valorar los documentos proporcionados, corroboró que el importe de sus ingresos no guardaba relación con sus adquisiciones.

Frente a ello, la contribuyente interpuso recurso de apelación, cuestionando las observaciones formuladas por la Administración Tributaria. La contribuyente señaló que los ingresos obtenidos eran fruto de ahorros mantenidos en una cuenta del sistema financiero y del reintegro por años de pensión no pagados, argumentos que no fueron aceptados por la Sunat.

Por su parte, el Tribunal Fiscal, al rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución de la Sunat, sostuvo que la contribuyente debió acreditar con la documentación pertinente que al inicio del ejercicio mantenía en su poder fondos disponibles que justificarían el incremento patrimonial y que estos habrían servido para justificar los gastos correspondientes a este último.

Asimismo, precisó que aun cuando la contribuyente hubiese sustentado el ingreso proveniente de los devengados de su pensión y que aquel se mantuvo para el ejercicio 2008, esto no justificaba su incremento patrimonial. Para ello, también debía acreditar, con la documentación respectiva, que el ingreso no se agotó en los períodos anteriores o se mantuvo hasta el ejercicio 2008.

FISCAL DE LA NACIÓN LUCHARÁ CONTRA LAVADO DE ACTIVOS

Carlos Ramos Heredia anunciará lucha frontal contra el lavado de activos

 

En entrevista exclusiva con Laley.pe, el fiscal más joven en asumir la dirección del Ministerio Público, desde su creación en 1981, nos cuenta que para dar golpes en el Perú contra ese delito, buscará trabajar con el gobierno de Estados Unidos para intercambiar información y hacer un análisis sobre el lavado de activos vinculado al narcotráfico.

Carlos Ramos Heredia, nuevo fiscal de la Nación (Fotografía: El Comercio)

En un ambiente de desconfianza y en el aniversario del Ministerio Público, el fiscal supremo Carlos Ramos Heredia, de 57 años, asumirá hoy 12 de mayo el despacho de la Fiscalía de la Nación, convirtiéndose así, en el fiscal más joven en asumir la dirección del Ministerio Público, desde la creación de esta institución en 1981. Ramos Heredia ingreso a la fiscalía en 1981, como abogado auxiliar y, como tal, integró la comisión formada por el doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos para trabajar en zonas de emergencia, como Ucayali, Tingo María, Loreto y Ayacucho.

“Esa experiencia me permitió conocer la realidad del interior del país. Por ejemplo, Ucayali, en esa época El Peruano llegaba una semana después que salía en Lima. Entonces, se recurría a la jurisprudencia que estaba compilada en el Código Penal del doctor Espino Pérez, pero en Iquitos había otro tipo de delitos. Teníamos que hacer frente a la caza de tortugas, que se consideraba un delito contra el patrimonio. En una oportunidad trajeron a un detenido con 30 tortugas y la policía pone en el atestado que otras 30 se habían dado a la fuga. Las tortugas era parte del medio probatorio del delito. Pero, ¿cómo se podían escapar las tortugas? Los cazadores furtivos tenían 60 tortugas, pero al detenerlas solo se habían recuperado 30 y es que las tortugas caminan muy rápido en el follaje de la selva, no son tan lentas como creemos”, recordó en diálogo con Laley.pe.

El año 1994 fue nombrado fiscal superior de Lima y lo designan al distrito fiscal de Lima Norte. “Allí instalamos la primera red de computadoras. Los usuarios, primero iban a preguntar el estado de sus expedientes a la fiscalía, porque se los dábamos en un minuto y luego ya se iban al Poder Judicial con esa información, a ver el avance de sus casos. Era fiscal decano y de control interno e hicimos varias capturas con la OCMA, entonces con el doctor Ernesto Giusti”.

Allá permaneció algún tiempo hasta que tras pronunciarse en contra de aplicar la Ley de Amnistía al grupo Colina, lo mandaron a realizar funciones administrativas en la Escuela del Ministerio Público. “En 1999 recién vuelvo a labor jurisdiccional, en las fiscalías de Lima Este, donde formamos las fiscalías de tránsito. El 2002 paso a control interno hasta el 2006, cuando la fiscal de la Nación de entonces, Gladys Echaiz me nombró fiscal anticorrupción, labor que deje el 2011, cuando me eligen fiscal supremo”, anotó.

Ahora tiene por delante un duro trabajo. El enfrentamiento público entre los fiscales supremos por la designación del representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, cargo al que al final fue enviado el fiscal supremo Gonzalo Chavarry Vallejos y que generó la renuncia de Gladys Echaiz. Más su elección, con el voto de las recién nombradas fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval, han creado un ambiente de desconfianza sobre lo que hará al frente del Ministerio Público. Esta, también, el hecho de ser familiar, aunque lejano, de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia.

Ramos promete tener resultados a un mes de iniciada su gestión

Exfiscal de la Nación, José Pelaez, junto a su sucesor Ramos Heredia. (Fotografía: La República)

Para revertir la situación en la Fiscalía de la Nación, Ramos Heredia sostiene que, “voy a ser firme, con aquellos funcionarios públicos que hayan incurrido en conductas delictuosas, sean quienes sean”, ha declarado. El país espera que lo haga y muchas otras cosas, como investigar la corrupción en todos los niveles del Estado.

En su discurso de hoy pondrá énfasis en fortalecer el área de lavado de activos, mejorando y fortaleciendo el trabajo iniciado por el doctor José Peláez. Ramos. Además, confía que este subsistema le permita en poco tiempo mostrar que está dispuesto a luchar contra el narcotráfico y que no tendrá miramientos con nadie.

En este sentido anunciará que buscará trabajar con el gobierno de Estados Unidos para intercambiar información y hacer un análisis sobre el lavado de activos vinculado al narcotráfico, que permita dar golpes en el Perú contra este delito. Además, tiene previsto crear una oficina de recuperación de activos a nivel internacional, en países donde se han detectado cuentas secreta, de dinero que salió ilícitamente del país. “Esperamos tener resultados en 30 días, el 12 de junio es el plazo”, afirma.

Tras ser elegido fiscal de la Nación inició una serie de acercamientos con las diversas bancadas del Congreso para saber que requieren del Ministerio Público. "La idea es que la fiscalía, conservando su independencia, pueda trabajar más de cerca con las comisiones de fiscalización y de acusaciones constitucionales", acotó Ramos Heredia.

“En seguridad ciudadana vamos a crear fiscalías de prevención en accidentes de tránsito, sobre todo en las zonas alto andinas, donde observamos que se despista o desbarranca un ómnibus y mueren 30, 40 persona, en el mismo sitio donde el año anterior sucedió un accidente similar. Vamos a intervenir allí con las autoridades encargadas del tránsito para enfrentar el tema de una manera más fuerte y más solida”, afirmó.

Otro tema que le preocupa y en la que buscará el apoyo del Congreso es en terminar con la desigualdad en el sueldo de los fiscales titulares y provisionales, que estableció la Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial, promulgado en diciembre del 2013. “Ambos realizan el mismo trabajo y tienen el mismo riesgo, por lo que deben ser remunerados iguales, pues los esfuerzos y peligros son los mismos y el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, deben entender esta situación”, concluyó.

EXPORTACIÓN DE AVANZADA CIFRAS ALENTADORAS

 Envíos en el primer trimestre crecieron en 85.3%

MAYOR DEMANDA DE UNIÓN EUROPEA

Y NORTEAMÉRICA IMPULSAN CÍTRICOS

Cifras alentadoras. La exportación de cítricos en el primer trimestre del año alcanzaron los US$ 2.9 millones, lo que significó un incremento de 85.3% en comparación al año anterior, gracias a una mayor demanda de la Unión Europea y Norteamérica, informó la Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Entre los cítricos exportados por el Perú están las mandarinas por US$ 1.8 millones, logrando un crecimiento de 279%. Sus principales destinos fueron Reino Unido, Irlanda, Canadá, Países Bajos y  Ecuador. Todos esos países presentaron variaciones positivas de dos y hasta tres dígitos. También se observó pequeños volúmenes a Colombia y EE.UU.

“El incremento de los envíos de mandarinas se debe a que este año hay una mayor producción por un tema de alternancia en la producción (este año será mejor que el anterior). Se tiene una fruta de gran sabor y calidad que es más demandada. La cosecha es todo el año, pero se tienen un pico entre abril y agosto”, detalló la gerente de Agro de ADEX, Giannina Denegri.

El segundo cítrico exportado es la lima Tahití (US$ 582,250) que presentó un crecimiento de 78%. Chile, EE.UU. Panamá, Canadá y Reino Unido fueron sus destinos en el primer trimestre del año.

Nuestro país también exportó limón (US$ 485,000), tangelos (US$ 58,855), naranjas (US$ 6,967) y clementinas, que tuvieron un comportamiento negativo.

Denegri señaló que si se toman en cuenta los seis principales destinos de los cítricos en su conjunto, se observa que en el primer trimestre del año, la demanda fue liderada por la UE y Norteamérica que en conjunto los importaron por US$ 1.9 millones, concentrando el 66% de los despachos totales.

Precisó que Chile (crecimiento 16.6%) es otros destino importante. Otros destinos fueron Ecuador, Colombia, Panamá, Italia, Bélgica, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Aruba.

Principales exportadoras

La Gerencia de Agro señaló que las principales empresas exportadoras de cítricos entre enero y marzo de este año fueron Procesadora Larán S.A.C., Cía. de Exportación y Negocios Generales  S.A. (COEXA), Agroexportaciones Machu Picchu S.R.L., Agroexportadora Luvac E.I.R.L., Limones Piuranos S.A.C., entre otras.

La Gerencia de Agro informó del incremento sostenido de las exportaciones de cítricos en los últimos años. En el 2009 fue por US$ 43.1 millones, en el 2010 US$ 57.6 millones, en el 2011 US$ 72.4 millones, en el 2012 US$ 83.9 millones y en el 2013 US$ 96.9 millones.

Hay que señalar que actualmente el protocolo de exportación de cítricos a EE.UU. solo permite exportar de Ica, Lima, Lambayeque, Piura y Junín. Una vez que se incluyan otras regiones, los despachos hacia el país del norte crecerán más.

CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD

Crisis de institucionalidad

 En el año 1991, una comisión presidida por la oposición inició una investigación por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública cometidos durante el primer gobierno de Alan García. La acusación resultante llegó al Pleno y fue aprobada de manera abrumadora con 95 votos a favor, 57 en contra y 26 abstenciones, evidentemente fujimoristas, en la Cámara de Diputados. El Senado la aprueba, también mayoritariamente y era turno ahora de la Corte Suprema ejercer justicia ya que de ella dependía que Alan García fuera sancionado. Sorprendentemente, el Vocal Supremo Instructor excluyó de la investigación los casos más temidos por el ex mandatario y la Sala Suprema respectiva hizo lo mismo.

 Este panorama de injusticia e impunidad se parece y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, ya que Alan García no sólo ha repetido el plato presidencial, sino también el de impunidad. Para lograrlo por segunda vez la estrategia es muy parecida: colocar a sus aliados en los espacios de justicia decisivos. En el año 91 el hombre designado fue Salas Gamboa, ex profesor de García y simpatizante aprista. Ahora sería Mateo Castañeda.

 Esto explica las polémicas movidas que han ocurrido con la intención de cubrir la plaza de Fiscal Supremo Titular. El organismo encargado de dicha designación es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que luego de seis votaciones ratificó, por unanimidad en la sexta, que Mateo Castañeda no fuera designado fiscal. ¿Por qué seis votaciones? Pues el sujeto en cuestión apeló reiteradas veces al Tribunal Constitucional (TC) con la intención de lograr a toda costa ocupar dicho puesto. Sin embargo, luego de seis negaciones el asunto parecía concluido.

 El miércoles de la semana pasada, el TC, en una actitud que escapa de sus funciones y atenta contra el Estado de Derecho en el sistema de justicia, decidió anular las designaciones de las dos fiscales supremas elegidas por el CNM y nombrar como fiscal supremo a Mateo Castañeda. Ahora bien, más allá de los evidentes problemas de forma en esta designación que van desde la falta de quórum hasta la usurpación de funciones, hay datos de fondo que resultan preocupantes.

 El cargo de Fiscal Supremo es fundamental ya que, de ser aprobadas las denuncias presentadas por la Megacomisión Investigadora en el Congreso de la República, Alan García Pérez, luego del antejuicio en el hemiciclo y de recibir la sanción política correspondiente, estaría a merced del Fiscal Supremo. Por otro lado,

todos los altos funcionarios que no tienen derecho a antejuicio y que son el grueso de los acusados por la Megacomisión, podrían ver sus casos archivados en una fiscalía donde notamos una mayoría partidaria que busca la impunidad para sus amigos.

 Frente a todas estas arbitrariedades hay dos recursos de nulidad contra la resolución del Tribunal Constitucional que colocó a Mateo Castañeda como Fiscal Supremo y dos denuncias constitucionales contra los tres magistrados que votaron para que esto ocurriera. Debido a estas acciones, el día de ayer el Tribunal Constitucional ha rectificado parcialmente su resolución; sin embargo, aunque esta constituye una buena señal, no es suficiente ya que queda pendiente la designación de Mateo Castañeda para cuando haya plaza. Además, el TC habría actuado al margen de la constitución. Hace falta, por ello, una explicación de estas acciones ya que la descomposición de la institucionalidad, termina por perjudicarnos a todos los ciudadanos.

FONDOS SIN RETORNO

Fondos sin Retorno

Repercusiones

Por Luisa García Tellez.-

La semana pasada, la publicación de “Fondos sin retorno” en IDL-R puso en evidencia una verdad incómoda respecto a las pensiones del sistema de AFP.  Se reveló que al momento de morir (de acuerdo con la expectativa promedio de vida), el jubilado por retiro programado no habrá utilizado entre un 20 y hasta cerca de un 50 por ciento del fondo de jubilación inicial que acumuló con sus aportes durante décadas.

Funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aseguraron que esta situación respondía a la necesidad de “guardar recursos para pagar eventualmente las pensiones de sobrevivencia” a los beneficiarios.

Sin embargo, IDL-R evidenció la invalidez de este argumento al mostrar que los porcentajes mencionados (del fondo de jubilación que se dejaba de recibir) correspondían también a casos de jubilados sin beneficiarios. Es decir sin cónyuge o conviviente, ni hijos menores de edad o inválidos, ni padres dependientes económicamente o inválidos.

Opacidad informativa

La SBS tiene un problema con la transparencia informativa. En noviembre de 2013, por ejemplo, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde envió un oficio a la SBS solicitando se le “explique detalladamente la forma de calcular las pensiones”. Este oficio no obtuvo respuesta, por lo que al mes siguiente envió otro. Éste corrió la misma suerte.

Congresista Víctor Andrés García Belaúnde (Fuente: Andina).

“[La forma de calcular las pensiones] se guarda bajo mil llaves, es una fórmula parecida a la Coca Cola, nadie la conoce”, señaló García Belaúnde, quien el 13 de enero último dirigió otro oficio pero esta vez a la Contraloría General de la República, pidiendo se inicie una investigación sobre el tema.

Solo después del envío de un tercer oficio a la SBS, el 7 de abril, y de haber advertido que su próxima acción sería una denuncia constitucional; funcionarios de la Superintendencia se reunieron con el congresista el viernes 11 de abril para tratar el tema del cálculo de las pensiones.

Acudieron Michel Canta, superintendente adjunto de AFP y Seguros; Elio Sánchez, intendente general del área de Supervisión Actuarial de Inversiones y Prestaciones; y Héctor Cusman, jefe del Departamento de Supervisión de pensiones.

¿El resultado?

“Nos han dado unas fotocopias con una serie de fórmulas que nadie entiende”, señaló el congresista García Belaúnde, subrayando la falta de una explicación aplicativa de éstas.

“Es un sistema con tantos tecnicismos y tecnología, que lo que tratan de hacer es confundir. Un sistema poco claro, muy confuso, con fórmulas secretas, y cuando te las dan, te las dan a medias. Nunca llegas a la verdad, nunca sabes cómo se maneja”, agregó.

El fondo que no regresa

De otro lado, legisladores con experiencia en temas de defensa del consumidor opinaron acerca del porcentaje del fondo que el jubilado no llega a recibir en vida, y que constituye herencia legal.

“Esta es plata del pensionista, debería disfrutarla él en vida. (…) Se tiene que pagar pensiones decentes a quien aportó”, sostuvo Yonhy Lescano,  miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Congresista Yonhy Lescano (Fuente: Congreso Perú).

En la misma línea, Jaime Delgado, de la bancada nacionalista, señaló: “Yo coincido en la necesidad de privilegiar al afiliado, se tiene que privilegiar al que ha hecho el esfuerzo por ahorrar toda su vida”.

Efectivamente, si bien este porcentaje constituye herencia legal; ésta no es una situación coherente con los fines primarios de la seguridad social, a la que obedecen los sistemas de pensiones.

Según explicó Eduardo Melinsky, actuario (especialista en análisis de riegos) de la Universidad de Buenos Aires, un sistema de pensiones tiene su razón de ser únicamente en el titular de la jubilación y sus beneficiarios (familiares con algún grado de dependencia económica respecto del jubilado), no en sus herederos legales.

Es decir, según la lógica de la seguridad social, un hijo mayor de edad, un hermano o un sobrino no necesitarían el dinero porque no eran dependientes del fallecido. En consecuencia, ese dinero debió haber sido utilizado por el jubilado para tener una mejor calidad de vida.

Los anuncios

Ante esta incongruencia, los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde y Jaime Delgado han decidido proponer, vía proyectos de ley, que llegada la edad de jubilación legal (65 años), si el fondo del jubilado es suficiente para cubrir una pensión equivalente a una remuneración mínima vital, la diferencia pueda ser retirada.

Congresista Jaime Delgado (Fuente: International Institute for Sustainable Development).

Por su parte, el superintendente Daniel Schydlowsky decidió abordar –o mejor dicho rozar– el tema de la mayor libertad del jubilado para disponer de su fondo.

Por ejemplo, se declaró a favor de la entrega parcial de éste a los jubilados que padecen una enfermedad terminal.

Además, afirmó que debería mejorarse el mecanismo que permite a los pensionistas retirar la totalidad de su fondo, cuando lo acumulado ha sido muy poco. Criticó que, actualmente, este retiro sólo proceda si el fondo no supera los 5 mil 800 soles; e indicó que es tarea del Congreso de la República determinar en cuánto debería elevarse este límite.

Es evidente que un sistema notoriamente imperfecto, en el que el nivel de libertad de decisión del aportante primero y del jubilado después, está severamente limitado, debe pasar por las reformas que mejoren los derechos del individuo a decidir y disponer sobre lo que es, al fin, su dinero, su propiedad, ahorrada y acumulada por su esfuerzo a lo largo de su vida productiva. Discutir y legislar sobre esas reformas es tarea del Congreso, que debe ser dirigida por aquellos representantes con mayor conocimiento del tema♦