Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).
Las FFAA y la lucha contra el narcotráfico
La discusión arrancó como sucede con tantas otras circunstancias parecidas: sobre una ley aprobada antes que se haya debatido el tema que esa ley busca normar.
¿Debe intervenir o no la Fuerza Armada en la lucha contra el narcotráfico? La pregunta se hace vital en el VRAE, donde las narcoavionetas bolivianas han reconstruido, para todo propósito práctico el puente aéreo que definió la forma de operar del mercado peruano de la droga en la década de los 1980 y la primera parte de los 1990.
El congresista Carlos Tubino se respondió hace tiempo a sí mismo sobre el tema. La semana pasada el Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por Tubino para permitir al Ejército, la FAP y la Marina llevar a cabo operaciones de interdicción contra el narcotráfico en tierra, aire y agua.
Tubino, hay que decirlo, tiene conocimiento sobre la materia. Es un vicealmirante retirado de la Infantería de Marina. En los 80 y 90 del siglo pasado combatió contra Sendero en varios escenarios, entre ellos los del VRAE.
Tubino me pareció un oficial con una visión pragmática de los problemas y una buena preparación contrainsurgente. Hay algunos oficiales que sirvieron bajo sus órdenes y que no lo quieren, pero eso le puede pasar a cualquiera.
Como político tomó una mala decisión, según me parece, cuando se hizo fujimorista.
Entonces, si bien Tubino sabe de qué habla en términos militares y de lucha antisenderista, sus pronunciamientos políticos deben ser filtrados luego de la constatación de que no siempre sabe de qué habla.
De otro lado, la aprobación del proyecto de ley parece haber tomado medio de sorpresa al Ejecutivo (cosa que a estas alturas es casi de esperar), incluyendo al ministro de Defensa, Pedro Cateriano.
El domingo 20, Cateriano declaró lamentar que el Congreso hubiera “aprobado esa iniciativa legislativa sin realizar un amplio debate y que no haya pedido la opinión del ministerio de Defensa sobre ese tema”.
Cateriano adelantó, sin embargo, su opinión: “… las Fuerzas Armadas no han sido preparadas profesionalmente para la lucha contra el narcotráfico, esa es una tarea propia y privativa de la Policía Nacional”.
Dijo además que “… hemos visto que en otros países donde las Fuerzas Armadas han [enfrentado el narcotráfico] […] lamentablemente no han salido bien paradas”.
Tubino contestó poco después en la forma ligeramente altisonante que deben haber esperado sus colegas de bancada. El ministro Cateriano, dijo, puso “en duda las capacidades éticas y morales de las FFAA […]. Ese es un absurdo hoy día hablar de esa manera o siquiera pensarlo, porque […] la realidad de las FFAA del Perú [es] que son honorables y que sí están en capacidad para actuar contra el narcotráfico en el VRAE únicamente”.
¿Debe intervenir la FFAA en la lucha contra el narcotráfico en el VRAE?
Hay que preguntarse primero ¿Puede la PNP hacer frente exitosamente a la proliferación del puente aéreo?
Pese a los denodados esfuerzos de algunas unidades especializadas de la Policía, (sobre todo las de inteligencia antidrogas), el crecimiento del narcotráfico aéreo es explosivo, mientras la Policía apenas logra acechar y cazar a un porcentaje mínimo de las avionetas en el momento que aterrizan. La inmensa mayoría logra cargar 300 kilos de droga por vuelo y despegar. Una vez que están en el aire, la impunidad queda garantizada.
La única posibilidad de lograr una interdicción exitosa del puente aéreo es con la intervención de la Fuerza Aérea. La FAP tiene ahora una capacidad muy disminuida de interdicción; pero con capacidad de mejorar en un plazo relativamente corto.
Cuando la FAP pueda complementar lo que tiene con el equipamiento de radar necesario para seguir con exactitud la trayectoria de vuelo de las avionetas, podrá poner en acción las naves interceptoras de baja velocidad. Entonces será cuestión de un tiempo relativamente corto terminar con el actual puente aéreo.
El principal obstáculo para lograrlo ahora no son los problemas de equipamiento, ni de diseño operativo ni de comando y control, sino la oposición del gobierno de Estados Unidos a que se produzcan derribos de aeronaves civiles, aunque sean narcotraficantes, por parte de aviones militares.
Es un cambio de 180 grados, respecto de la actitud del mismo gobierno en la década de los 90, cuando organizó y participó activamente en la interdicción del puente aéreo del narcotráfico.
El caso de las narcoavionetas en el VRAE es, sin embargo, un asunto real de seguridad nacional para el Perú (uno de los pocos que tenemos). En el proceso de enfrentarlo se puede escuchar a todos, recibir consejos de quien quiera darlos, pero sin obligarse a pedirle permiso a nadie.
"El caso de las narcoavionetas en el VRAE es un asunto real de seguridad nacional para el Perú, ante el cual no tenemos que pedirle permiso a nadie para enfrentarlo".
No creo, de otro lado, que la interdicción aérea suponga necesariamente el derribo de las aeronaves que no acaten las órdenes de aterrizar. Si se establece un sistema de cooperación internacional con Brasil y Bolivia, tal como lo ha hecho ya la Policía Antidrogas en su ámbito, las narcoavionetas que no obedezcan la orden de aterrizar podrían ser perseguidas hasta la frontera con cualquiera de las dos naciones, con su trayectoria de vuelo previamente transmitida, para que el seguimiento sea tomado entonces por aviones de esos países hasta su aterrizaje e intervención en tierra. Sería más costoso, pero posible y eficaz.
Eso supondría, por supuesto, estrechar más vínculos operativos con Brasil y Bolivia, sobre todo con el sistema de vigilancia amazónica Sivam-Sipan del primero, aunque eso signifique aflojar algo la cooperación con Estados Unidos, lo cual, por lo demás, corresponde al flujo actual del narcotráfico peruano, orientado hacia el sur y el este y mucho menos al norte.
¿En qué otro aspecto puede intervenir la FFAA aparte de la interdicción aérea? En la fluvial y, sobre todo, la marina, a cargo de la Armada.
El Ejército, a su turno, puede apoyar a la Policía antidrogas en operativos de interdicción terrestre. Las tres fuerzas ya están acostumbradas, sobre todo en unidades especializadas, a intervenir con la presencia de fiscales y policías, bajo la dirección legal de aquéllos. Y no solo en acciones contra el senderismo.
El 2011, por ejemplo, todavía en el gobierno de García, acompañé a una unidad FOES de la Marina en acciones contra las dragas ilegales en Madre de Dios. En la nave, junto a los comandos navales, iba un fiscal encargado de verificar y dirigir la legalidad de las intervenciones. Hasta en Bolivia, donde terminamos operando, pero esa es otra historia.
En lo que Tubino no tiene, en cambio, ninguna razón, es en sostener que no existe ahora un problema de corrupción en la FFAA relacionado con el narcotráfico. Añadir, como lo hace, que no se debe ni pensar en ello es francamente ridículo.
Hay un problema de corrupción vinculada con el narcotráfico en la FFAA y en la PNP en el VRAE. ¿Recuerda Tubino, para mencionarle solo un hecho, el caso del combustible de helicóptero requisado en un grifo de Pichanaki, que había sido vendido clandestinamente en la base del Ejército en Satipo?
El peligro de corrupción, que con frecuencia se consuma, acompaña inevitablemente la lucha contra el narcotráfico y una parte vital de la estrategia es luchar intensamente por disminuirla todo lo posible, buscando su erradicación.
Eso se puede lograr con inteligencia, con un liderazgo enérgico y honesto y, sobre todo, con una percepción clara de la realidad, que no intente disfrazarla con fraseología tonta sino corregirla, mejorarla y hacerla eficaz♦
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