Por Marina Amaral (Agência Pública) (*).-
Ya se gastaron 27.400 millones de reales en la Copa y la previsión actual del costo total es de 33.000 millones, una cantidad que se aproxima al monto del presupuesto federal en educación para este año: 38.000 millones de reales. Una priorización de recursos que la población cuestiona en las calles, así como la concentración de dinero público en la construcción de estadios, que, en muchos casos –como en Manaos y Cuiabá—, son“elefantes blancos” sin utilización futura (NdT: 1 dólar norteamericano equivale a 2,2 reales).
Además de ello, las obras de movilidad urbana –presentadas por el gobierno como el principal legado para las ciudades sede y actualmente presupuestadas en 12.000 millones de reales—privilegian a los accesos viales para automóviles (viaductos, extensión de avenidas) y la ruta aeropuertos-hoteles-estadios que no es necesariamente prioritaria para la movilidad urbana en la vida cotidiana de esas ciudades. Un ejemplo claro es Itaquera, donde las obras reclamadas por la comunidad fueron suspendidas mientras se invierte a todo vapor en las obras de acceso al estadio. Promesas de inversión en transporte público, como la construcción del metro de Salvador y el Monorriel da línea Ouro en San Pablo fueron retiradas de la Matriz de Responsabilidades (el presupuesto federal para la Copa) y el transporte público llegó a ser perjudicado en Río de Janeiro, donde los moradores y el comercio sufren con la falta del tradicional tranvía –que no circula desde 2011, después de un accidente denunciado por los vecinos como resultante de un equivocado proyecto de modernización (que hubo que rehacer y todavía no está listo).
Finalmente, las obras de movilidad urbana son las principales responsables de la remoción de comunidades, amenazas ambientales y pérdida de instalaciones públicas.
Remociones violentas y demoliciones indeseables
Los movimientos sociales han contabilizado 170 mil personas amenazadas o ya removidas y/o recibiendo indemnizaciones de 3 a 10 mil reales, en el caso de aquellos que pueden probar la propiedad del lote y asistencia de renta de menos de un salario mínimo para los demás. No es raro que los desalojos sean realizados en forma violenta, sin transparencia ni diálogo entre poder público y residentes. En el morro de Providencia, en Río de Janeiro, por ejemplo, algunas personas descubrían que iban a ser expulsadas cuando sus casas aparecían marcadas, sin negociación previa alguna.
Además de las casas, los residentes pierden sus comunidades, en algunos casos centenarias, amigos, vecinos, tradiciones. Por lo general son enviados lejos de sus raíces y su vida cotidiana y pierden la infraestructura urbana de barrios más céntricos, por ejemplo en el caso de la amenazada comunidad de la Paz, en Itaquera, San Pablo. Las indemnizaciones recibidas son muy inferiores a los precios de alquiler e inmuebles en los barrios afectados por las obras de la Copa, forzando la partida también de aquellos que pueden decidir su destino. La especulación inmobiliaria en torno de los estadios y las mejoras realizadas para volver la ciudad más atractiva para los turistas expulsan a los residentes que deberían ser beneficiados por el cambio, de los morros de Río de Janeiro a la zona oriental de San Pablo, agravando el gran problema de falta de viviendas en las grandes ciudades brasileñas.
El patrimonio social y cultural también ha sido perjudicado, como demostró la expulsión de los representantes de las etnias indígenas que ocupaban el antiguo Museo del Indio en Río de Janeiro, reconocido por los antropólogos como marco de relación entre indios y blancos en Brasil; o que el histórico estadio de Maracaná fuera despersonalizado por una reforma que ya costó 1.200 millones del tesoro público y acompañado de la destrucción de instalaciones deportivas públicas, como el gimnasio Célio Barros, para construir estacionamientos y accesos viales en torno del estadio.
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