Por: Beatriz Merino*
El lunes 12 de agosto, en un mensaje televisado, Enrique Peña Nieto, presidente de México, se dirigió a su nación anunciando una reforma energética que abriría las puertas del sector hidrocarburos y eléctrico al capital privado. La situación es grave: en los últimos ocho años la producción de petróleo en México se ha reducido en 835,000 barriles diarios; esto ha generado pérdidas anuales por 22,000 millones de dólares. Pemex, la petrolera estatal, ha visto menguar sus ganancias hasta en un 30% y la producción de gas natural solo satisface un tercio de la demanda interna. Con la reforma, Peña Nieto espera bajar el costo de la electricidad (que ahora es 25% más cara que en USA) y elevar la producción de crudo a 3 millones de barriles en 2018.
Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en Colombia el 2002, la producción de crudo estaba declinando (500,000 barriles por día) y solo se exploraron, ese año, 10 pozos. De seguir así las cosas, el año 2009 Colombia hubiese tenido que importar crudo. Se necesitaba un punto de quiebre y Uribe encaró el problema con una reforma de todo el sector, tanto público como privado, que ha elevado la producción de crudo a 1 millón de b/d y la exploración a 190 pozos por año, aproximadamente. Uribe creó un nuevo marco institucional para el sector: adoptó una Política Nacional de apertura con la simplificación y agilización de permisos en materia ambiental; otorgó incentivos tributarios con un nuevo método de depreciación de activos; creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fortaleció a Ecopetrol como empresa pública integrada del sector y cambió el sistema de regalías fijas a uno variable de acuerdo al volumen de la producción. Pero lo más importante fue la creación del Acuerdo Gobierno-Industria que, en la práctica, significó un fasttrack para el sector a través de reuniones mensuales del más alto nivel para viabilizar las reformas.
En Perú estamos en una situación similar: una producción declinante de crudo (de 195,000 b/d en los años 80 hemos bajado a 62,000), una exploración exigua (apenas 6 pozos este año), trabas burocráticas que atrasan y entrampan la inversión, un Petroperú sin una política de Estado clara que la enrumbe y una balanza comercial petrolera deficitaria (gastamos al año más de 3,500 millones de dólares en importar crudo). ¿Esta situación puede cambiar? Por supuesto que sí. El Perú tiene todo lo necesario para revertir esta coyuntura: tenemos una geología privilegiada, con 18 cuencas subexploradas y recursos de hidrocarburos líquidos por más de 8,000 millones de barriles (acorde al Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos al 31.12.2012 elaborado por el Ministerio de Energía y Minas), un mercado internacional al alza con precios que pueden llegar a 150 dólares por barril (si EE.UU. ataca a Siria), una ventana de oportunidad de 20 años (hasta que EE.UU. logre su autonomía energética con el shaleoil y shalegas), una economía interna que sigue creciendo, estabilidad política e instituciones tutelares que funcionan (BCR, MEF, SBS,SUNAT).
¿Qué es lo que nos falta, entonces? Nos falta un liderazgo político que enfrente radicalmente estas dificultades, como lo hizo Colombia, como lo está haciendo México que, después de todo, no son países tan distintos al Perú, no son Noruega ni Suecia, son nuestros vecinos de América Latina. Y ese liderazgo debe asumirlo el Presidente de la República como mandatario de la nación y cabeza del Estado. El Jefe de Estado debe liderar la reforma, brindar la visión, fijar las prioridades, implementar la estrategia y comunicar al país el rumbo que necesitamos para convertir al Perú en un país petrolero.
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