GOBERNABILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

La actual situación de inseguridad que se genera-en el país- por la falta de atención oportuna, de capacidad de previsión y de la ausencia de una estrategia inteligente del sector correspondiente, alienta a que los actos delictivos crezcan-como cáncer- en forma exponencial, ocupando los espacios que conceden las autoridades y en muchos probados casos, consentidos por la corrupción institucional.

 Estos actos negativos-entre otros factores- los origina el narcotráfico, cuya cortina de humo es el mal llamado terrorismo, que  conforman huestes de sicarios con el  apoyo logístico que proviene de aquellos. Es más, muchos de los conflictos sociales son financiados por la misma fuente, con la obvia finalidad de distraer a los encargados de mantener el orden interno y la seguridad ciudadana.

Por otro lado, está comprobado que dentro de las áreas de influencia de producción y comercialización de las drogas, muchas autoridades vienen siendo elegidas con la financiación que otorga este grupo criminal, de modo tal que “surjan” los líderes- a favor de estos malos elementos- que se oponen a todo, so pretexto de la defensa medio ambiental,  de la exigencia de derechos no concedidos o por cualquier otro pueril concepto.

ESTRATEGIA Y SERVICIO DE INTELIGENCIA

Estimo que el problema más grave, hoy en día, es que no se “ejerce la autoridad” a  la que se adiciona la falta de capacidad de convocatoria  que permita imponer la disciplina y el respeto de los derechos fundamentales. Es más, los gobernantes “no asumen la responsabilidad política” por la que fueron elegidos.

El probable control y reducción delincuencial, radica en aplicar la ley del Sistema de Seguridad en toda su dimensión, en el corto y mediano plazo.

La ley 27933 de febrero del 2003, que crea el Sistema Nacional de Seguridad  determina las acciones y participación del gobierno centralizado y de las regiones y gobiernos locales, que integra a todos los actores de la sociedad: Juntas Vecinales, autoridades, empresarios, instituciones de seguridad pública y privada, bajo la dirección del Consejo Nacional y de los Comités de Seguridad respectivamente.

En el Presupuesto General de la República los recursos asignados deben ser racionalmente distribuidos en el resto de este período gubernamental, de modo tal que permita adquirirse   un sistema de comunicación integrado a nivel nacional,  fortaleciendo el Servicio de Inteligencia cuya misión debe ser la focalización de las acciones delictivas a fin de reducir  su crecimiento.

Simultáneamente debe difundirse y  orientar a los funcionarios de las  instituciones regionales y locales para que suscriban convenios o alianzas de cooperación, con el Ministerio del Interior y/o de Justicia,  para que de acuerdo a la ley de Promoción de la Inversión Privada financien la creación de comisarías, locales policiales, establecimientos penitenciarios, sistemas de seguridad y otros relacionados con este tema. La ley-además- les franquea esta posibilidad a las instituciones mencionadas al suscribir alianzas con el sector privado, bajo las diversas modalidades de “Obras por Impuestos, Iniciativas Privadas y/o Asociación Público Privada” cuyos recursos provienen de  PROINVERSION.

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Se debe recurrir a una difusión educativa, a nivel nacional, para comprometer a todas las comunidades, a unirse en esta jornada de ordenamiento, respeto y pacificación,  capacitando-simultáneamente- a los efectivos y brindándoles un adecuado tratamiento socio-económico y político.

Las escuelas de suboficiales deben ponerse en intensa actividad bajo una estructura curricular basada en principios morales y de buenas costumbres, a los que se adicionen el conocimiento del Código Civil y Penal, el conocimiento de la Constitución Política y de acuerdo a sus especialidades, prepararlos en los temas de su competencia

La Seguridad Ciudadana y el Orden Interno, es responsabilidad -por ley-  de los gobiernos nacional, regional y local, cuya capacidad de convocatoria debiera compromete a todos los actores sociales.  

El mayor número de efectivos debe provenir de las escuelas de sub oficiales sin perder de vista   el apoyo logístico y en general el equipamiento ad hoc a la misión del elemento policial.

La legislación debe modificarse para que se ampare a los efectivos- salvo excesos comprobados -evitándose  las leyes vigentes que rigen al país, pues  estas ayudan indirectamente, a los actos delictivos al aceptarse los  recursos de amparo o de los habeas corpus u otras argucias legales.

EL RIESGO DE LA SOBERANÍA

Siendo meridianamente claro que  el NARCOTRAFICO induce a todas las acciones delincuenciales y a los movimientos sociales, productos de “cualquier justificación”  y que la cortina que les permite procesar y comercializar las drogas, se ampara en el terrorismo, la prostitución, la delincuencia, la corrupción a todo nivel, la drogadicción-entre otros- que distraen una acción orgánica, se debe poner el máximo de nuestra decisión, evitando el alto riesgo de la estabilidad democrática.

 Por todo esto sugiero:

Ø  Modernización y Reforma Institucional de la PNP.

Ø  La instalación de un Sistema Satelital para detectar los factores negativos  para elaborar el catastro de las potencialidades, y -esencialmente- como herramienta de Defensa Nacional.

Ø  La convocatoria Presidencial a los Poderes del Estado y a todos los actores sociales para unirnos en el esfuerzo de evitar el riesgo de la ingobernabilidad, asumiendo la responsabilidad compartida para lograr la pacificación del país y evitar que se instituya la  anarquía.

Ø  Convocar a especialistas civiles, militares y policiales para establecer una ESTRATEGIA de acción en un espacio atípico, que descarta los planes convencionales, especialmente en las zonas de producción de drogas.

Ø  Cuantificar y abastecer el apoyo logístico de aprovisionamiento de armamento ad hoc al espacio geográfico, municiones, medicinas, alimentos y equipamiento dado el riesgo. Fijar al personal destacado en las zonas críticas  con una  BONIFICACIÓN EXCEPCIONAL y SEGUROS DE ORFANDAD, difundiendo sistemas psicosociales a las comunidades afectadas,  basados en  un cronograma de "Inversiones" para el desarrollo zonal, atendiendo sus necesidades básicas.

Ø  Instalar HOSPITALES DE CAMPAÑA en los frentes críticos,  para la atención inmediata, disponiendo-además- de sistemas de comunicación de última generación para solicitar ayuda inmediata en casos requeridos.

Ø  Fijar la mejor técnica y estrategia para reducir los actos que contravengan a la seguridad y orden interno.  Deberá tenerse en consideración que la comunicación VERBAL entre los nativos, es más veloz que nuestras comunicaciones modernas y tecnológicas y su efecto es devastador.

Ø  Dar cuenta periódica de los acontecimientos ocurridos, en los diferentes frentes y publicar en todos los medios de comunicación–a los que se debe comprometer- para que en los espacios nacional e internacional se difunda  nuestro compromiso de pacificación nacional y la erradicación de factores negativos que atentan contra el desarrollo y la mejor calidad de vida de nuestra población.

Ø  Declarar el Estado de Emergencia en  zonas de conflictos sociales cuyas manifestaciones  no son justificables, abriendo  simultáneamente el diálogo para superarlos. Factores exógenos "levantan" al pueblo so pretexto de cualquier cosa para distraer la atención de un tema que debe tener prelación: LA GUERRA FRONTAL CONTRA EL NARCOTRAFICO.

Ø  Solicitar a los organismos internacionales y a los gobiernos democráticos sudamericanos, el apoyo para combatir al NARCOTRÁFICO y sus efectos colaterales en defensa de la salud mental y física de la juventud y de la niñez.

Ø  La instalación móvil de Centro de Operaciones, en cada frente con capacidad de decisión y comunicación directa con el Presidente de la República.

Ø  Conformar una Comisión de Defensa para que el Gobernante, en su calidad de Jefe Supremo de las FFAA Y Policiales, decida con sus asesores las acciones oportunas.

Ø  Simultáneamente -a estas acciones- se deben  programar e iniciar actividades de desarrollo socio-productivo, de salud, educación y atención preeminente a las necesidades de la zona y de su interconexión regional, como política de inclusión.

Finalmente tengo la convicción que no se requieren acciones épicas, sino que simple y llanamente,  se debe ejercer la autoridad  de la que está investido el gobernante asumiendo la responsabilidad política de sus decisiones en bien del ciudadano.

Voluntad, política, capacidad de convocatoria, inteligencia de propuestas, respuesta inmediata a las agresiones y unidad de criterio inter institucional, es el mejor camino para reducir la delincuencia, pacificar al país e iniciar el desarrollo sostenido, optimizando la biodiversidad de nuestros ámbitos espaciales, unidos y en paz.

Gastón Barúa Lecaros

DNI 09336235