POR: Enrique Yépez Dávalos General PNP-r/
Lima es una metrópolis de casi 9 millones de habitantes que necesita cambiar urgentemente varios aspectos para estar a tono con los nuevos retos que demanda su constante desarrollo, y que la han convertido en el centro de la expectativa provinciana y en un excelente referente internacional.
Nuestra Capital ya no es como hace una década. Se observa actualmente un rápido cambio, como por ejemplo, la construcción de grandes edificios para albergar a sectores altos-medios y últimamente para clases emergentes, así como el avance del sector económico popular de micro y medianas empresas que se han convertido en el nuevo motor del cambio. Los gobiernos desde hace varios años vienen afianzando estas transformaciones, motivo por el cual, el Perú, se está convirtiendo en un país de grandes expectativas.
Sin embargo, para nadie es extraño que existan también muchos aspectos negativos que con el tiempo se vienen agravando, como el incremento de la delincuencia en todas sus modalidades y el tránsito caótico en nuestra Capital. En ambos temas se han presentado muchas propuestas, desde modificaciones constitucionales, nuevas leyes más duras, hasta otorgar a los alcaldes mayores responsabilidades policiales, incluso crear “policías locales” con la participación de los servicios de serenazgo.
Todas estas propuestas podrían ser aprobadas y ejecutadas, pero no solucionarían el problema de fondo, que es, a mi criterio, una adecuada coordinación entre la Policía Nacional que detenta constitucionalmente el poder de policía del Estado, con los Municipios Provinciales y Distritales.
Esta coordinación, cuando se trata de la delincuencia en las calles, debe centrarse, como lo señala la Ley 27933, en que los alcaldes asuman el liderazgo político y el comisario el liderazgo ejecutivo. Los niveles de competencia deben estar explícitamente señalados en una guía de procedimientos o en un protocolo que señale con claridad cuáles son las funciones y responsabilidades de ambas autoridades. Todo esto para evitar interferencias, injerencias y superposición de funciones, que terminan casi siempre en discrepancias entre ambas autoridades.
De otro lado, la Policía Nacional se resiste a realizar cambios sustanciales en su organización que permita agilizar estas relaciones municipio-policía para tener mayor eficacia en la lucha contra el crimen. Si interpretamos los resultados de los recientes comicios por la revocatoria municipal, la población de Lima exige transformaciones sustanciales en muchos rubros, siendo la seguridad ciudadana una de las principales.
En este sentido, un cambio que no requiere mayor gasto económico pero sí permitiría una mejor coordinación entre los municipios de Lima y El Callao, sería que la 7ma. Dirección Territorial se convierta en POLICIA METROPOLITANA DE LIMA, bajo el comando directo del Oficial General segundo en antigüedad del Instituto y que abarque en su estructura tanto la prevención, como la investigación y el control, de todos los acontecimientos policiales que se produzcan en las Provincias de Lima y El Callao.
Este cambio operativo daría lugar a una mejor coordinación, no solo con los alcaldes provinciales y distritales de la Capital, sino con el Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de sus máximos representantes de Lima.
La Policía Metropolitana tendría como elementos operativos inmediatos a las Jefaturas de Seguridad Ciudadana, Orden Público e Investigación Criminal de la Capital. A su vez, las Comisarias Distritales que vienen a ser los órganos de mayor contacto con la comunidad, serían las dependencias operativas inmediatas en seguridad ciudadana y en investigación criminal. Las coordinaciones con las Gerencias de Seguridad Ciudadana de los citados Municipios Provinciales serian con el Jefe Policial de Seguridad Ciudadana de Lima, con lo que se garantizaría unidad de dirección, asignación homogénea, alcance de control y prontitud ante los requerimientos ciudadanos.
Las comisarias, por tanto, se convertirían en verdaderos elementos ejecutivos, dotados por supuesto, de efectivos y medios suficientes para un óptimo servicio en permanente coordinación con los servicios de serenazgo impulsando el programa de “patrullaje integrado”; y con las unidades preventivas, como el escuadrón verde, custodia de bancos, escuadrón de emergencia, división contra robo de vehículos y unidades de tránsito que garantizarían la seguridad de los ciudadanos ante el incremento de la delincuencia y el tránsito vehicular.
El Ministerio Público y el Poder Judicial serían también actores importantes de este cambio, designando fiscales y jueces de paz en todas las comisarias de Lima y el Callao para sancionar las inconductas e infracciones delictivas de jóvenes y adolescentes en riesgo en “salas de meditación” construidas por los municipios que tengan esta problemática. De noche, los jóvenes infractores pernoctarían en estos establecimientos y de día llevarían a cabo tareas dentro del programa de “servicios comunitarios” bajo el control del INPE y de los servicios de serenazgo. Esto permitiría disminuir el sentimiento de inseguridad y el respeto de la comunidad a la labor policial, al ver que sus denuncias vienen siendo tomadas en cuenta con prontitud, sin quedar impunes.
En forma simultánea a estos cambios estructurales en la Policía Nacional, es necesario eliminar el programa de “servicios individualizados” por los efectos negativos que conlleva, o en todo caso que los efectivos de franco sean captados por el Estado para su distribución preferentemente en los distritos populares de mayor densidad demográfica. De igual manera, sería conveniente contratar a policías en retiro con excelente currículo para laborar como instructores, documentarios y como promotores en las oficinas de participación ciudadana.
Junto con estos cambios, es imprescindible llevar a cabo con firmeza una política contra la corrupción menuda y de “cuello y corbata” que no distinga a jefes, oficiales y personal subalterno, cuando hacen tabla rasa de las elementales normas de ética, probidad y disciplina.
Finalmente, estoy seguro que el sentimiento de inseguridad de la población ante el incremento delictivo se habrá reducido, producto de la nueva visión que el actual titular del interior, comando policial y alcaldes de Lima y El Callao pudieron imprimir a tiempo para cambiar los destinos de la Policía Nacional.
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