“Nueva Ley Universitaria romperá la corrupción en sistema universitario”
VISIÓN DE FUTURO. Proyecto se encuentra en Comisión de Educación del Congreso para su debate. En ella se prevé que el voto universal se impondrá en elección de autoridades y la Asamblea Nacional de Rectores desaparecerá.
La actual Ley Universitaria N° 23733 ha perdido vigencia frente a la realidad, ya no sintoniza con los cambios que se han producido en la sociedad, pues data de hace treinta años. El mundo globalizado ha sido mucho más vertiginoso y ello ha generado grandes problemas de ingobernabilidad y corrupción en el sistema universitario.
Por ello, hoy se abre una esperanza de contar con una nueva norma más dinámica y efectiva, acorde a las circunstancias actuales. El proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación del Congreso de la República ingresaría al Pleno para su discusión en junio próximo y en julio es posible que el presidente Ollanta Humala promulgue la ley.
Los impulsores de este proyecto son la Federación Nacional de Docentes Universitarios en alianza estratégica con la Federación de Estudiantes del Perú, quienes tienen muy en claro que es necesario ir a la conquista de un nuevo documento que trate de solucionar los problemas de gobierno de las universidades.
En el proyecto de ley que será debatido por el parlamento, se propone definir qué es un legislativo y un ejecutivo a nivel de universidad, se plantea que en la Asamblea Universitaria (AU) solamente participen docentes y estudiantes -hoy está el rector, vicerrectores, decanos-, y el Consejo Universitario (CU) esté representado por el rector, vicerrectores y decanos.
MÁS TRANSPARENCIA
También señala que la AU tiene que reunirse por lo menos una vez al mes en sesión ordinaria y en forma extraordinaria cuando sea necesario, con la mitad más uno de los asistentes, cosa que no ocurre hace varios años con la actual ley. Además, el proyecto precisa que las nuevas autoridades tienen que salir elegidas por el voto universal.
“Con esto se rompe en parte los grandes niveles de corrupción que se han generado en las universidades del país. En la última elección en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) el voto estudiantil tenía un costo de S/. 20 y S/. 25 mil, y en la Universidad Nacional de Trujillo tengo información que estudiantes cambiaron su voto a cambio de un departamento. Entonces con el voto universal alguien que aspira a ser rector le será más difícil controlar a miles de estudiantes, eso va ayudar a fortalecer la democratización y la composición de los órganos de gobierno, que tienen que mirar que necesitamos una ley universitaria de cara a desarrollar el país y a formar cuadros profesionales con pertinencia, porque hoy la gran mayoría de universidades públicas no sintonizan con la realidad”, sostuvo el vicepresidente de la Federación de Docentes de la UNPRG, Moisés Montenegro López.
Montenegro explica que otro cambio fundamental en la ley es el caso de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), órgano que se ha convertido en parte del problema y no ha sido la solución a la crisis de la universidad peruana. “Muchas universidades que han sido intervenidas han agudizado más su problema, y un caso de esto es la Universidad de Chiclayo (UDCh), que fue la primera privada de Lambayeque y que ahora por todas estas cosas está en debacle; es porque la ley no da más”, precisa.
¿ANR Y EL ADIÓS?
Según la nueva ley, la ANR sería sustituida por un Consejo Nacional Universitario (CNU) por el periodo de cinco años, el cual estará integrado por 8 docentes prestigiosos de las universidades públicas y 4 de las universidades privadas, todos tienen que tener el grado de doctor, el cual tendrá dos dimensiones: la consultiva, donde participarán profesores investigadores del más alto nivel debidamente acreditados y miembros de carácter empresarial que tengan una visión de Estado; y una comisión técnica, que se encargará de diseñar la política universitaria de Estado y debe estar articulada a lo que sería en los próximos años el Viceministerio de Educación Superior.
Montenegro sostiene que el CNU tendrá autonomía presupuestal y no coincidirá con un cambio de gobierno para evitar el manoseo político, pues se necesita diseñar una política de educación superior de Estado, que respetando las particularidades de las regiones articule a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).
Asimismo, refiere que el vicerrectorado Administrativo desaparecerá y se conformará el vicerrectorado de Investigación, el cual tiene que estar articulado a las políticas de Estado respondiendo a los espacios regionales y subnacionales.
También se plantea la conformación del Defensor Universitario, porque hoy conforme está estructurada la ley los rectores pueden hacerle daño a cualquier docente, trabajador y estudiante. Este defendor actuará como una especie de tribunal.
Juan Vejarano Vergara
La actual Ley Universitaria N° 23733 ha perdido vigencia frente a la realidad, ya no sintoniza con los cambios que se han producido en la sociedad, pues data de hace treinta años. El mundo globalizado ha sido mucho más vertiginoso y ello ha generado grandes problemas de ingobernabilidad y corrupción en el sistema universitario.
Por ello, hoy se abre una esperanza de contar con una nueva norma más dinámica y efectiva, acorde a las circunstancias actuales. El proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación del Congreso de la República ingresaría al Pleno para su discusión en junio próximo y en julio es posible que el presidente Ollanta Humala promulgue la ley.
Los impulsores de este proyecto son la Federación Nacional de Docentes Universitarios en alianza estratégica con la Federación de Estudiantes del Perú, quienes tienen muy en claro que es necesario ir a la conquista de un nuevo documento que trate de solucionar los problemas de gobierno de las universidades.
En el proyecto de ley que será debatido por el parlamento, se propone definir qué es un legislativo y un ejecutivo a nivel de universidad, se plantea que en la Asamblea Universitaria (AU) solamente participen docentes y estudiantes -hoy está el rector, vicerrectores, decanos-, y el Consejo Universitario (CU) esté representado por el rector, vicerrectores y decanos.
MÁS TRANSPARENCIA
También señala que la AU tiene que reunirse por lo menos una vez al mes en sesión ordinaria y en forma extraordinaria cuando sea necesario, con la mitad más uno de los asistentes, cosa que no ocurre hace varios años con la actual ley. Además, el proyecto precisa que las nuevas autoridades tienen que salir elegidas por el voto universal.
“Con esto se rompe en parte los grandes niveles de corrupción que se han generado en las universidades del país. En la última elección en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) el voto estudiantil tenía un costo de S/. 20 y S/. 25 mil, y en la Universidad Nacional de Trujillo tengo información que estudiantes cambiaron su voto a cambio de un departamento. Entonces con el voto universal alguien que aspira a ser rector le será más difícil controlar a miles de estudiantes, eso va ayudar a fortalecer la democratización y la composición de los órganos de gobierno, que tienen que mirar que necesitamos una ley universitaria de cara a desarrollar el país y a formar cuadros profesionales con pertinencia, porque hoy la gran mayoría de universidades públicas no sintonizan con la realidad”, sostuvo el vicepresidente de la Federación de Docentes de la UNPRG, Moisés Montenegro López.
Montenegro explica que otro cambio fundamental en la ley es el caso de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), órgano que se ha convertido en parte del problema y no ha sido la solución a la crisis de la universidad peruana. “Muchas universidades que han sido intervenidas han agudizado más su problema, y un caso de esto es la Universidad de Chiclayo (UDCh), que fue la primera privada de Lambayeque y que ahora por todas estas cosas está en debacle; es porque la ley no da más”, precisa.
¿ANR Y EL ADIÓS?
Según la nueva ley, la ANR sería sustituida por un Consejo Nacional Universitario (CNU) por el periodo de cinco años, el cual estará integrado por 8 docentes prestigiosos de las universidades públicas y 4 de las universidades privadas, todos tienen que tener el grado de doctor, el cual tendrá dos dimensiones: la consultiva, donde participarán profesores investigadores del más alto nivel debidamente acreditados y miembros de carácter empresarial que tengan una visión de Estado; y una comisión técnica, que se encargará de diseñar la política universitaria de Estado y debe estar articulada a lo que sería en los próximos años el Viceministerio de Educación Superior.
Montenegro sostiene que el CNU tendrá autonomía presupuestal y no coincidirá con un cambio de gobierno para evitar el manoseo político, pues se necesita diseñar una política de educación superior de Estado, que respetando las particularidades de las regiones articule a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).
Asimismo, refiere que el vicerrectorado Administrativo desaparecerá y se conformará el vicerrectorado de Investigación, el cual tiene que estar articulado a las políticas de Estado respondiendo a los espacios regionales y subnacionales.
También se plantea la conformación del Defensor Universitario, porque hoy conforme está estructurada la ley los rectores pueden hacerle daño a cualquier docente, trabajador y estudiante. Este defendor actuará como una especie de tribunal.
Con nueva ley cesa la Asamblea Universitaria, rector y vicerrectores
De aprobarse la nueva Ley Universitaria, que es una necesidad para el país, y si hubieran autoridades que han sido elegidas recientemente, tienen que dejar sus cargos.
En la tercera disposición transitoria, dice que promulgada la ley cesa la Asamblea Universitaria, el rector, vicerrectores y demás autoridades, y asume transitoriamente la conducción los tres docentes más antiguoscon el grado de doctor, para que no haya vacíos de poder.
Este grupo tendrá que conformar un comité electoral y luego la asamblea estatutaria, y en el marco de la nueva ley y de su autonomía, cada universidad tendrá su propio estatuto, los anteriores quedan sin efecto.
En la asamblea estatutaria están representados los docentes principales, asociados y auxiliares, y los estudiantes del pregrado y postgrado. De esa discusión, en un plazo de 60 días, sale el nuevo estatuto de la universidad, adecuado a la nueva ley.
Fuente: La República
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