Por María Lourdes Pallais.-
Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó al poder después de 12 años en la oposición con Enrique Peña Nieto como presidente, pareció al principio que todo había cambiado, que, como si fuera por arte de magia, México se había transformado. La prensa, en general, no reportaba actos de violencia. Los políticos y analistas sólo hablaban de pactos y reformas. Cero del narco o de inseguridad. Así inauguró su regreso.
Hoy, ocho meses después, pese al eficaz aparato de propaganda gubernamental que insiste en promover la imagen de un cambio, la realidad indica que México sigue siendo un Estado débil, infiltrado por el narco, uno de los países más inseguros del mundo.
Esto a pesar del golpe mediático tras la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, capo de “Los Zetas” -el grupo criminal más sanguinario de los por lo menos 88 que operan con impunidad en México- y señalado como el cabecilla del homicidio de 265 migrantes en la comunidad tamaulipeca de San Fernando en 2011. Y la más reciente de su archi-rival, Mario Armando Ramírez Treviño “El Pelón” o “X-20”, líder del Cártel del Golfo.
(Captura de Miguel Ángel Treviño).
Salvo que el nuevo gobierno es disciplinado y coherente, no hay cambios sustanciales entre el México que gobernó Felipe Calderón durante seis años (2006-2012) y el de Peña Nieto. Es más, funcionarios del FMI han asegurado, off the record,que el país podría calificarse como uno “con actos de terrorismo”.
Los datos que reflejan esta situación sobran. Un par de ejemplos:
-El Foreign Policy & Fund for Peace asegura que el nivel de inseguridad ha aumentado en un año. En el Índice de Estados Fallidos 2013 México pasó del 98 al 97 de una lista de 178 países.
-El Índice Global de Paz 2013 del Institute for Economics & Peace de la ONU coloca a México en la preocupante posición 133 de una lista de 163 países.
-En julio pasado, Estados Unidos emitió su primera alerta de viajes a México ante la inseguridad del vecino del sur.
-La aprobación de Peña Nieto cayó un 10 por ciento en el segundo trimestre de su gobierno.
Enrique Peña Nieto, presidente de México. (Foto: El sol de Santiago).
Era inevitable. Todo parte de la herencia que recibió el priista de su antecesor panista, cuya estrategia de seguridad dejó un saldo de 60 mil muertos y un costo de 39 mil millones de dólares.
Desde su llegada al poder, Peña Nieto prometió un cambio en la estrategia de seguridad orientada hacia la reducción de la violencia y de los delitos más comunes, como secuestros y extorsiones. Todo estaría a cargo de una Gendarmería Nacional, al estilo de la francesa o de la Guardia Civil española. Pero los delitos comunes no han disminuido y la gendarmería, es inexistente. La realidad tampoco cambia.
Estalla la violencia
Para mayo, sin logros de qué jactarse, Peña Nieto tuvo que moverse. Envió ocho mil militares y policías a Michoacán -Estado en eterna disputa de los carteles por ser la entrada a los precursores químicos y la salida hacia el norte- para detener ataques del narco. Todo mientras ahí proliferan grupos de autodefensa ciudadana, algunos bona fide y otros una extensión del narco, que actúan como “mecanismos alternativos de gobernabilidad ante poblaciones indefensas cuando el Estado tiene vacíos”, según opina el reconocido analista Edgardo Buscaglia. Estos buscan reemplazar al legendario “Robin Hood” mexicano, Jesús Malverde.
(Corrido de Jesús Malverde).
A fines de mayo, la capital del país, que hasta entonces había sido la excepción (al menos de manera pública), también se vio afectada. Doce jóvenes desaparecieron de un bar céntrico, cerca de la Embajada de Estados Unidos. Hoy, hay cinco cuerpos en una fosa que pertenecen a cinco de los doce jóvenes secuestrados en el bar Heaven la madrugada del pasado 26 de mayo. La Procuraduría confirmó la identificación de las víctimas encontradas este jueves en Tlalmanalco, Estado de México.
Un mes después, la violencia se desató en Zacatecas, Sinaloa, Coahuila y Baja California, con un saldo de 50 muertos tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes. En el Estado de México y Durango, aparecieron cinco ejecutados; tres calcinados en Morelos y cuatro asesinados en Chihuahua. Y en Guerrero, es el secuestro, no el homicidio, el delito que más impacta en la percepción de inseguridad, según el Centro de Investigación para el Desarrollo AC en México.
Las cosas no mejoraron en julio, mes que inicia el segundo semestre de gobierno de Peña Nieto. Los medios no tuvieron otra opción que registrar los hechos de inseguridad generalizada. El tema dejó de ser propiedad exclusiva del anterior presidente.
La violencia no ha dado tregua desde entonces.
A fines de julio, el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet fue asesinado por tres individuos en una emboscada en Michoacán. Estos, luego de ser detenidos, se confesaron integrantes de los “Caballeros Templarios”, según el jefe de la seguridad federal, Jesús Murillo Karam. Salazar Ramonet es el oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas asesinado por el narco. Estaba en “un momento y zona inadecuada”, en la frontera entre ese Estado y Jalisco, zona que se disputan los Templarios y “Jalisco Nueva Generación”, dos carteles que han aumentado su presencia y nivel de influencia en ese territorio.
Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet. (Foto: Reforma).
A mediados de agosto pasado, en un hecho inédito calificado por muchos como “desproporcionado”, el gobierno de Peña Nieto detuvo a 40 indígenas comuneros de la llamada “policía comunitaria” (o grupos de auto defensa) en un municipio de Michoacán, acusados de actividades de crimen organizado, tras haber tomado la justicia en sus propias manos en un hecho que ilustra la ingobernabilidad en ese estado.
En este contexto, ante la expectativa de que un nuevo gobierno podría resultar en un país más seguro, la pregunta sigue en el aire. ¿Hay esperanzas de un cambio en el clima de inseguridad en el país?
Tres expertos consultados por IDL-R tienen opiniones encontradas.
Francisco Abundis, de la encuestadora Parametría, dice que el único cambio es a nivel de “percepción política” y estrategia de comunicación pues el ciudadano común se sigue sintiendo igual de inseguro.
Eduardo Guerrero, de Lantia Consultores, opina que sí hay una ligera tendencia a la baja del 6.9 por ciento, en un rango mensual de ejecuciones de entre 900 y mil 100. En los últimos seis meses de Calderón hubo un promedio de seis mil 553 homicidios “vinculados” al crimen organizado comparados con seis mil 101 en los primeros de Peña.
Analista Edgardo Buscaglia.
Y Buscaglia asegura que es imposible medir la reducción o el aumento de la violencia, ni antes ni ahora. Que las estadísticas no son confiables porque la mayoría de los homicidios en México no son investigados (98% quedaron impunes en 2012) ni reciben una sentencia judicial.
El debate, a final de cuentas, como el gobierno de Peña Nieto, no ha cumplido los nueve meses de gestación
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