Jaime Maúrtua Castañeda, a quien el gobierno de Velasco Alvarado le quitó la administración de la hacienda azucarera Pucalá, que su bisabuelo fundó, reveló que la empresa norteamericana Gramercy le ofreció a su familia comprarle los bonos entregados por el Estado por debajo del 15% de su valor real.
En diálogo con LA RAZÓN, Don Jaime y su esposa Vivian Carthy de Maúrtua negaron además que el gobierno haya estado pagando la deuda agraria a los reales tenedores de los bonos, tal como lo afirmó el ministro Luis Castilla.
“A una pariente se le acercó esta empresa estadounidense Gramercy y le ofreció comprarle cada bono por el 15% de su valor real”, contó doña Vivian Carthy, quien aseguró que su familia lleva esperando más de 40 años para que el Estado le honre la deuda.
Asimismo, negaron que el Gobierno esté pagando a los bonistas originales. “De ser así, en todo caso le estarán devolviendo a la empresa Gramercy que compró los bonos a través de la enmienda de Hickenlooper”, señalaron.
Esa enmienda establece la suspensión de la ayuda del gobierno estadounidense a cualquier país que haya expropiado o tomado una propiedad de un ciudadano de los Estados Unidos.
TC no anulará fallo
De otro lado, tras la denuncia del decano del Colegio de Ingenieros, Carlos Herrera Descalzi, el Tribunal Constitucional, a través de un comunicado, señaló que no existe irregularidad en la sentencia debido a que “el TC no necesita la aprobación del consejo directivo” de dicho organismo.
Por su parte, el exdecano del CIP, Juan Fernán Muñoz, afirmó que fue él quien solicitó ejecución de la sentencia al TC para pago de bonos de la Reforma Agraria, y que los estatutos del CIP lo respaldan.
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