APRUEBAN PROYECTO DE LEY UNIVERSITARIA

Dictamen Habemus

Por Nicolás Lynch

 Por fin luego de dos legislaturas de debate se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley Universitaria en la Comisión de Educación del Congreso. No es un proyecto perfecto pero luego de algo más de una década de lucha por una nueva ley universitaria es lo más lejos y lo mejor que se ha llegado al respecto. ¿Por qué una ley? Lo hemos dicho varias veces, porque hay un caos en el sector con verdaderas mafias que controlan por la fuerza y el dinero decenas de universidades, antiguas y nuevas, públicas y privadas, que distan de cumplir su papel como productoras de conocimientos. ¿Las hay buenas y decentes? Claro que sí. Pero como todo en la vida, una golondrina no hace el verano ni la excepción a la regla y en la universidad peruana lo que predominan no son las golondrinas.

 Las novedades del dictamen aprobado incluyen mejoras en los sistemas administrativos y académicos para todas las universidades, hacen más flexible y eficiente el gobierno universitario, ponen algunas reglas que cumplir a las universidades privadas empresa respecto de temas tributarios y de gestión, establecen exigencias para que las universidades desarrollen investigación, pero sobre todo, ponen especial énfasis en la mejora de la calidad de la enseñanza y de la producción de conocimientos. Asimismo, el dictamen establece el voto universal y ponderado para la elección de las autoridades universitarias, para las universidades públicas y las privadas de régimen democrático. Esto último es una excelente noticia porque de ponerse en práctica podría terminar con los grupos que se han apoderado del gobierno universitario en distintas universidades públicas, burlándose de la ley y de la voluntad de los claustros.

 En lo que falla el dictamen es en el diseño del organismo regulador del sistema universitario. Acertadamente señala la necesidad, una necesidad por la que hemos luchado durante años, de un organismo regulador del conjunto del sistema universitario. Sin embargo, empezando por el nombre, debería llamarse Comisión o Consejo y no Superintendencia que suena a guachimán. Señala, además, que este organismo debe ser nombrado desde afuera del sistema y no, democráticamente, por los universitarios mismos. Incluye igualmente, entre nueve, tres representantes del gobierno y uno de los empresarios, además de otro de los colegios profesionales. Los cuatro de la universidad quedan en minoría y no se sabe cuál es su origen. De allí los reclamos de que viola la autonomía universitaria. La composición debería cambiar. Tres representantes de las universidades públicas y tres de las privadas, elegidos por los profesores principales nombrados con grado de doctor en cada caso, dos representantes de los colegios profesionales elegidos por sus miembros y solo uno del Poder Ejecutivo. De esta forma tendríamos expertos y no mirones para realizar un trabajo básicamente técnico, pero sobre todo con legitimidad en los claustros y no al revés como se pretende hoy.

 Los que se oponen al dictamen son los que perderían el poder que ahora tienen. En el caso de los dueños de las universidades empresa tendrían por primera vez que dar cuenta de lo que hacen, en términos de calidad de su producción universitaria, para certificarse, dar títulos a nombre de la nación y ser merecedores de las exoneraciones tributarias correspondientes. Se resisten a ello, tratan su labor como si fuera cualquier negocio y se sienten, por el poder del dinero que ganan, más allá del bien y del mal. En el caso de muchos de los rectores de las públicas, temen perder el poder que han capturado muchas veces con malas artes, violando la ley a su antojo y persiguiendo a sus opositores. ¡Ah, me olvidaba! Cuentan también con un aliado no recomendable, las raleadas huestes senderistas en distintas universidades que en todos estos meses han gritado por el archivamiento del proyecto.

 Ojalá que el proyecto pueda ser mejorado en el pleno y se termine de perfeccionar el organismo regulador. Ojalá también que nuestros congresistas tengan el coraje de aprobar algo diferente y así empezar un cambio que anhela la universidad peruana.