AUDIENCIA:
Minería y derechos humanos
en América Latina
Los Estados de origen de
las empresas mineras son esenciales para la protección de derechos humanos
Washington D.C., - El 1 de noviembre de 2013 se llevará a cabo una audiencia pública ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la Situación de derechos
humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad
de los Estados huéspedes y de origen de las empresas, en el marco del 149º período de sesiones de la CIDH, en Washington D.C.
Fecha: 1
de noviembre de 2013
Hora: 3:15
pm
Lugar: Sala
Padilha Vidal del edificio GSB de la OEA, 1889 F St., N.W., Washington, D.C.
20006
En esta audiencia, las
organizaciones participantes abordarán el impacto de la actividad minera en los derechos humanos y resaltarán
el rol de los Estados de origen de las empresas transnacionales en la protección de los
derechos humanos en el marco de la actividad minera en la región. Se utilizarán
como ejemplos los casos de Brasil y
Canadá (cabe mencionar que el 80% de la actividad minera en América Latina
es desarrollada por empresas canadienses). Asimismo, se discutirán la actuación de
las empresas mineras y el impacto que esta tiene en la vigencia de los derechos
humanos de las personas en Latinoamérica, especialmente en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Guatemala,
Honduras y México.
Aunque el impacto de las
industrias extractivas en los derechos humanos ha sido un tema de preocupación
de la CIDH, esta será la primera vez que se discuta la responsabilidad que podrían tener los Estados de origen de las
empresas mineras por las actividades de estas, que violan los derechos humanos
en varios países de la región. Hasta ahora, las discusiones sobre este tema han
girado alrededor de la responsabilidad de los Estados “anfitriones” –los que permiten
que las empresas extranjeras vulneren los derechos humanos de los habitantes de
sus países–. Muy poco se ha hablado de la responsabilidad que tienen los
Estados de donde provienen estas empresas -“Estados de origen” o “home states”- los que, según los
peticionarios de esta audiencia, deben responder también por estos hechos.
Las razones para hacer esta
afirmación son diversas, pero una fundamental es la falta de controles adecuados de los Estados de origen sobre sus
empresas, para evitar que estas violen derechos humanos cuando operan fuera de
su territorio. Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que los Estados de
origen tienen conocimiento de estas violaciones, debido a que han sido
denunciadas directamente ante sus embajadas y en algunos casos, ante instancias
estatales en los países respectivos. En muchos casos, estas situaciones son de
conocimiento público en los países. En el caso de CANADÁ, las violaciones de
derechos humanos no han incidido para que el Estado les exija a las empresas que
cumplan con las normas de derechos humanos antes de seguir apoyándolas
económica y políticamente.
Otra razón importante es que
las víctimas de estas violaciones –que usualmente no obtienen respuesta en sus
países- tampoco encuentran mecanismos adecuados para canalizar sus denuncias y
reclamos en los países de origen de las empresas. En el caso de Canadá, ni las cortes
civiles ni las penales cuentan con mecanismos para dar respuesta a los reclamos
de las víctimas. Algunas acciones tomadas por el Estado, como la realización de
consultas multisectoriales y mesas redondas, han resultado insuficientes.
Es necesario crear mecanismos efectivos
de acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de afectaciones. El
sistema interamericano por su naturaleza, puede jugar un rol clave en el diseño
y promoción de estos mecanismos, no solo en los Estados donde estas
afectaciones ocurren, sino en aquellos de origen de las empresas.
Otro aspecto que se mencionará en la audiencia es la
intervención de representantes del
gobierno de Canadá en la elaboración y/o modificación de leyes nacionales
sobre minería y asuntos ambientales en varios de los países analizados, lo que
contrasta con la falta de participación de las comunidades afectadas por la
minería en los procesos de reforma o adopción de leyes o de concesión o
revocatoria de concesiones mineras. Aunque es un tema con muchas aristas, esta
audiencia quiere llamar la atención sobre este aspecto y promover la discusión
sobre los alcances y límites tanto legales como éticos de este tipo de
intervención.
En el caso de BRASIL, durante
la audiencia se informará a la CIDH sobre casos concretos de violaciones de los
derechos humanos derivadas de la actuación de empresas mineras extranjeras en Brasil pero también de la actuación
de empresas brasileñas en otros países de
América Latina (como Perú, Colombia, Chile y Argentina). Cabe resaltar que la minería
brasileña que actúa fuera del Brasil cuenta con un fuerte
apoyo del Estado brasilero mediante una serie de mecanismos jurídico-institucionales
y financiamiento de parte del
Estado. En ese sentido, se resaltara la actuación del Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De las grandes empresas brasileras
que actúan fuera de Brasil, se mencionará la actuación de la Vale y de EBX. Para
su expansión al exterior, estas empresas han contado con préstamos y
financiamiento importante de gobiernos, como fue el caso del préstamo de mil
millones de dólares del gobierno canadiense (para la empresas Vale) y la donación
de un millón de dólares del gobierno colombiano para proyectos de EBX.
Participarán en la audiencia:
§
Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, CAJAR, (Colombia); Pedro
Landa, del Centro de Promoción y Desarrollo de Honduras, CEPRODEH,
(Honduras); Nilton Velazco, de la Pastoral Social de Dignidad Humana (Perú);
§ Alexandra Montgomery, en representación de
Justicia Global y de la Red Internacional de los Afectados por la Vale (Brasil)
§ Katya Salazar, de la Fundación para el
Debido Proceso (Washington, DC).
De ser necesaria mayor
información sobre esta audiencia o concertar una entrevista con alguno de los
participantes de la misma por favor ponerse en contacto con:
Grace Durante
Gerente de Comunicaciones y Op.
Fundación para el Debido Proceso
No hay comentarios:
Publicar un comentario