Al continuar esta serie de entregas sobre la Policía y los cambios urgentes que se necesitan hacer en ella, quiero recordar algo que dije antes: los temas e ideas propuestos acá no son una invención mía, sino que ya fueron propuestos -y en alguna medida iniciados- durante la experiencia de reforma del 2001 al 2004, dirigida por Rospigliosi y Costa. Recojo también muchas cosas aprendidas a lo largo de los años como consultor internacional en estos temas y, también, como consecuencia de observar la evolución de la situación policial en el Perú en los últimos años.
En la entrega anterior di un rápido vistazo a los cambios institucionales que requiere la lucha contra la corrupción y sigo ahora en el tema que considero crucial para cualquier estrategia exitosa de seguridad ciudadana.
6.- Nudo gordiano a desatar en relación a la corrupción policial
La corrupción policial se da principalmente a cuatro niveles, los cuales hay que enfrentar con igual decisión y en base a los cambios institucionales propuestos en el acápite anterior.
En primer lugar, en las grandes licitaciones. Es ampliamente conocido lo ocurrido en los últimos tiempos con la adquisición de pertrechos, remodelación de comisarías, compra de patrulleros, etc. Creo que la solución definitiva a este problema pasa por sacar del ministerio del Interior y de otros ministerios las grandes compras estatales, creando una oficina central que tome esta misión y que cuente con personal altamente calificado y con mejores posibilidades de control. Es una decisión que viene dando vueltas en el Estado desde hace tiempo, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.
El segundo gran rubro de corrupción es el uso de los recursos otorgados para el funcionamiento de la institución con objetivos impropios. Esto ocasiona, adicionalmente, un perjuicio enorme para la calidad de vida del personal policial y para el funcionamiento operativo de la institución al servicio de los ciudadanos.
Aquí tenemos variedades múltiples: entre las más conocidas están el robo sistemático de la gasolina de los patrulleros (lo que impide que ejerzan su función), la apropiación ilegal de los dineros de inteligencia, el robo sistemático de las medicinas en los hospitales policiales, la asignación de personal en sus días de labor a actividades privadas, la apropiación de parte significativa del dinero destinado al rancho del personal de unidades acuarteladas, etc.
Para luchar contra ello se requiere, por un lado, cambiar las reglas de juego para la asignación de los recursos, las más de las veces visiblemente hechas para darle facilidad a los transgresores. Por otro lado, ya que como sabemos la impunidad alienta el delito, se requieren sanciones eficaces y ejemplares en casos concretos, los que irán teniendo un efecto disuasivo de mediano plazo.
En tercer lugar está la corrupción que se da en la relación entre policías y sospechosos de haber incurrido en delito, lo que ocurre sobre todo en unidades de investigación criminal en las que los delincuentes logran fugar con ayuda de malos policías , logran calificar su delito de la mejor manera para ellos o, incluso, logran no ser investigados a cambio de coimas, etc.
Este es uno de los ámbitos más difíciles de controlar en la lucha contra la corrupción y donde unidades de élite como la Oficina de Asuntos Internos, haciendo contra inteligencia, puede ser de gran utilidad.
Por último, está la corrupción que se produce en la relación del ciudadano con el policía, que es la que más afecta la imagen institucional por ser la más cotidiana y masiva. Esta ocurre, sobre todo, en el tránsito.
La cosa es tan dramática y afecta tanto a la población, que una broma cruel ya circula por las ciudades del Perú: se insinúa que los “patrulleros inteligentes”, recientemente instalados con bombos y platillos, no solo servirán para obtener mejores coimas por parte de los conductores detenidos, sino que la tecnología con la que vendrán implementados incluirá hasta sus propios POS para recibir el dinero con tarjeta de crédito.
La única forma de enfrentar este tema es una gran alianza con la opinión pública y los medios de comunicación, en colaboración con las fiscalías de prevención del delito, filmando y haciendo públicos los hechos de corrupción de ciudadanos a policías y viceversa. Tal como se hizo, lamentablemente por muy poco tiempo, pero con mucho éxito, durante la campaña “A la Policía se la Respeta”, durante la experiencia de reforma de comienzos de este siglo.
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