Minería informal y ¿delincuencial?
Por: Hugo Cabieses
Extractivismo neoliberal salvaje, informalidad depredadora de la naturaleza que destruye tejido social solidario e ilicitud destructora de personas, honras e institucionalidades, son los tres principales azotes contemporáneos contra los derechos de las comunidades, los ciudadanos, la naturaleza (Pachamama) y las fuentes y usos del agua (Yacumama).
Contra lo que sostienen sectores interesados en golpear a los supuestos antimineros diciendo que no decimos nada sobre la minería informal/delicuencial, Otra Mirada se ha pronunciado antes y con alternativas sobre estos temas. También lo he hecho en “La Revista Agraria” y más recientemente la ONG Cooperacción, a propósito de la medida de fuerza de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) que está en curso junto con otros conflictos socio-ambientales. El diario “El Comercio” en un informe de hace tres días, firmado por Martha Meir, sostiene que la minería ilegal ya tiene su ministro, que es Manuel Pulgar Vidal, el ministro del Ambiente. Quizá exagera, pero la verdad es que la inacción gubernamental al respecto es clamorosa.
Cooperacción en un artículo de Julia Cuadros ha dicho con acierto que hay por lo menos cinco medidas que debieran adoptarse : 1) Ordenamiento Territorial; 2) fortalecimiento del sistema de gestión ambiental; 3) fortalecimiento de la institucionalidad pública regional y nacional; 4) diagnóstico integral del sector; y, 5) desarrollo de estrategias integrales para el sector de pequeña minería y minería artesanal.
Se estima que actualmente no menos de 80,000 personas trabajan directamente en la minería aurífera informal/delicuencial. Alrededor de 160,000 personas de manera indirecta y no menos de 960,000 personas son dependientes de estas actividades. Esta es la magnitud del problema socio-ambiental que tiene el gobierno entre sus manos, que lamentablemente sólo sabe manejarlo con sordera, represión y clientelismo.
Cuando discutimos sobre la crisis sistémica actual, no podemos ni debemos seguir soslayando dos problemas básicos y actuales de nuestra sociedad, economía y cultura cotidiana: ambiente/clima e impactos del sector delicuencial/informal. Considero que la militarización-policialización de la lucha contra la delincuencia organizada no resuelve el problema sino lo dispersa y transforma en un blanco móvil, tal como está sucediendo con la minería de oro aluvial informal/delincuencial.
El agua, los bosques, la biodiversidad, la alimentación, la salud, las culturas y los derechos territoriales son los primeros en ser afectados por las actividades extractivas lícitas que se llevan a cabo sin las vallas socio-ambientales y culturales que tienen actualmente países desarrollados como EEUU, Canadá, Australia y la mayoría de los países europeos. Pero los impactos son peores en el caso de las actividades informales y/o ilícitas como la de minería aluvial de oro que se está desarrollando en 14 de las 27 regiones del país.
Un enfoque orientado exclusivamente al análisis y propuestas sobre el extractivismo minero y de combustibles fósiles o a la delincuencia asociada al tráfico ilícito de drogas (TID), soslaya un enfoque más amplio que debería encarar los diversos extractivismos y los varios tráficos ilegales que nos aquejan y que impactan los derechos de los pueblos indígenas, los ciudadanos, el ambiente y la gobernabilidad democrática extractivista es cualquier actividad primaria de obtención y apropiación de recursos naturales, sean éstos de origen mineral, vegetal, animal o de productos derivados y/o asociados, generalmente orientados a la exportación sin la reproducción deliberada del recurso utilizado, lo que lleva al agotamiento del recurso.
Sostengo que actualmente no menos del 25% de la economía mundial y el 30% de la población del Perú es acosada por actividades ilícitas y el crimen organizado, pero no solo por TID que es la “narco-agenda” que nos imponen desde afuera y arriba. Estoy de acuerdo con Francisco Durand que en un libro del 2007 sostiene que en el país existe formalidad (F), informalidad (I) y economía delictiva (D), pero considero que el sector D también es tala ilegal, minería delictiva, contrabando, trata de personas, prostitución, tráfico de personas (migrantes), tráfico de niños y órganos, tráfico de precursores y explosivos, tráfico de armas, piratería, biopiratería, secuestro-sicariato, ciber-piratería, corrupción, lavado de activos transversal a todo lo anterior, etc.
Considero que las tendencias del “sector” D son que este se ha diversificado (es un blanco móvil), mimetizado (con F e I), incrementado (más que F e I), dispersado (efecto “mercurio”), fronterizado (hacia nuestras cuatro triple fronteras como efecto “membrana”), integrado vertical y horizontalmente (haciendo sinergias: unos delitos se apoyan en otros) y todo ello con impacto destructor sobre el ambiente y los recursos naturales (agua, bosques, biodiversidad, suelos y culturas), estimando que es muy superior a lo que tenemos con los sectores F e I.
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