INDULTOS A TERRORISTAS
ONGs traficaron con indultos
Documentos oficiales confirman de manera fehaciente que abogados defensores de presos por terrorismo fueron designados el año 2001 miembros de la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Pena aplicables a los sentenciados por terrorismo, tal como lo denunció EXPRESO el pasado lunes.
Los documentos indican que la escandalosa designación fue refrendada por el entonces ministro de Justicia Diego García Sayán, actual vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y directivo de la ONG Comisión Andina de Juristas.
El agravante es que cuando se produjeron aquellas designaciones, era de conocimiento público que los abogados nombrados habían sido defensores de presos por terrorismo e integrantes del cartel de ONGs de izquierda “Coordinadora Nacional de Derechos Humanos” CNDDHH, patrocinador legal de numerosos condenados por traición a la patria (terrorismo agravado) o terrorismo simple.
Fuentes cercanas al sector Justicia, hastiadas de la injerencia de la izquierda caviar en ese sector y, en general, en toda la administración de justicia, hicieron llegar a EXPRESO los documentos que ofrecemos a las autoridades para que éstas cumplan su deber e investiguen los hechos, bajo responsabilidad.
Estos documentos los entregaremos hoy mismo al presidente del Congreso y a la Fiscal de la Nación, para que actúen en defensa de la legalidad y establezcan qué delitos se cometieron en este caso.
El “brazo derecho”
El primer documento es la resolución suprema 014-2001-JUS, de fecha 16 de enero del 2001, firmada por el entonces presidente provisional Valentín Paniagua y refrendada por su ministro de Justicia Diego García Sayán.
En esa resolución, García Sayán designa a su brazo derecho en ese sector, Javier Ciurlizza Contreras, – el que sostuvo conversaciones secretas con Abimael Guzmán – nombrándolo Coordinador del Gabinete de Asesores del ministerio y también presidente de la “Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los Casos de Terrorismo y Traición a la Patria”.
En aquellos días, de manera simultánea se produjeron las reuniones secretas que sostuvo Ciurlizza con Abimael Guzmán y otros cabecillas terroristas, en las que charlaban cordialmente sobre temas políticos y beneficios penitenciarios, hecho que sigue impune porque el Ministerio Público se niega a denunciarlo ante el Poder Judicial.
El periodista y sociólogo Raúl González denunció en su momento que en esas reuniones también participó el propio García Sayán.
Posteriormente Ciurlizza fue designado secretario ejecutivo de la “Comisión de la Verdad y Reconciliación” (CVR), percibiendo una remuneración de cinco mil dólares mensuales.
Los “despenseros”
El otro documento -que respalda el informe publicado por EXPRESO- es la Resolución Suprema 009-2001-JUS, de fecha 10 de enero del 2001, por la que se designa como miembros de la referida Comisión de Indultos a Ernesto de la Jara Basombrío, socio de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), y a Iván Arturo Bazán Chacón, directivo de la ONG Fedepaz, también conocida por su activa participación en la actual campaña de boicot contra las inversiones mineras.
En esa misma resolución, otro connotado miembro de la ONG IDL, el abogado Amado Daniel Enco Tirado, quien se desempeñaba entonces como Asesor Técnico de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia, fue designado Secretario Técnico de la Comisión de Indulto.
En ese cargo, Enco Tirado, quien después fuera funcionario de la CVR, se encargó de coordinar y supervisar la labor de la cuestionada Comisión de Indulto capturada por las ONG políticas.
El problema es que ambas – IDL y Fedepaz – forman parte del cartel llamado “Coordinadora Nacional de Derechos Humanos” (CNDDHH), en el que todas las ONG integrantes operaban en su momento como abogados defensores de terroristas presos.
Por si fuera poco, casi todos los terroristas clientes de aquellas ONG habían pedido ser beneficiados por indulto o derecho de gracia, pero la anterior Comisión de Indulto -que presidió el padre Huber Lanssier- les había denegado la petición por ser terroristas probados.
Alto Cargo
Otro documento que ha llegado a manos de EXPRESO es la Resolución Suprema 005-2001-JUS, de fecha 5 de enero del 2001, en la que se designa al mismo Arturo Iván Bazán Chacón al cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Al igual que los documentos anteriores, está resolución fue firmada por el ex presidente provisional Paniagüa y refrendada por su ministro de Justicia García Sayán, socio de la ONG Comisión Andina de Juristas (CAJ).
La designación le abrió el camino a Bazán para llegar a la Comisión de Indulto, pues el reglamento de ésta señala que debe ser integrada por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH.
Más pruebas
Nuestras fuentes nos han facilitado, además, documentación que demuestra que tanto De la Jara, como Bazán Chacón, tuvieron a su cargo – en persona – el patrocinio legal de presos por terrorismo.
Por ejemplo, un expediente del Instituto de Defensa Legal (IDL) de fecha 17 de febrero de 1998 demuestra que De la Jara ejerció la defensa de María Domitila Montenegro, acusada de traición a la patria, que salió en libertad gracias a un indulto presidencial que le fue concedido el 29 de enero del 2001, o sea 19 días después de que De la Jara fue designado miembro de la Comisión de Indulto.
En el expediente N° 067-93-TP-II, del 02 de noviembre de 1994, se confirma que Bazán representó legalmente a Juan José Gutiérrez Pérez, otro preso por terrorismo que también habría sido indultado.
Finalmente, el expediente 20-TP-93 del Instituto de Defensa Legal, de fecha 8 de mayo del 2000, prueba que el ex procurador Ronald Gamarra Herrera, entonces miembro del IDL, fue abogado de Santa Catalina Vega Lucas, presa por terrorismo, y quién salió en libertad gracias al indulto que se le concedió en el 2001.
IMPORTANTE
Todos los documentos que prueban este hecho delictuoso fueron entregados al Ministerio Público, el cual abrió una investigación preliminar que demora demasiado de manera sospechosa. Mientras tanto, los dueños de las ONG implicadas en el caso han iniciado una campaña nacional e internacional presentándose como “perseguidos políticos”.
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