ESTERILIZACIONES FORZADAS , ASUNTO CERRADO

La otra soberanía

Por: CLAUDIA CISNEROS

Muy bien toda la unidad nacional en torno a un tema de soberanía territorial. Los peruanos, ciudadanos, prensa y mayoría de políticos mostraron una cohesión y madurez pocas veces vista de manera tan clara y extendida.
Hay que felicitarnos por ello. Actuamos de manera sobria, civilizada y en un solo puño.

Pero cuando volvemos los ojos para adentro, algo ocurre, un desfase perverso se nos muestra en temas que debieran esmerar nuestra atención, solidaridad y sentimiento de país justo, en el que personas malogradas por políticas de estado sean tratadas con la delicadeza y empatía que merecen.

Pero en la política radica el problema. Si las 300 mil mujeres esterilizadas, mutiladas en sus órganos reproductivos no hubieran sido violadas como parte de un régimen de políticas públicas de un gobierno, probablemente sus casos no habrían tenido  que esperar más de 20 años para ser atendidos por la justicia.
“Se captó personas bajo presiones, con amenazas, incentivos con alimentos, operaciones y medicinas. Sin información para tomar decisión voluntaria. Entre las amenazas más frecuentes se mencionaba que en el futuro no se tendría derecho a pedir atención médica para sus hijos y que los niños nacidos no serían inscritos, y pagarían una multa”, contó en noviembre pasado en el Tribunal de Justicia simulado (http://bit.ly/1cAO2V6) Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, fallecida por esterilización forzada durante el gobierno fujimorista. El exceso de anestesia le produjo un paro cardíaco.

“Nosotros somos 7 hermanos, pero qué triste es la vida cuando no tienes la madre juntos por culpa de esos doctores que fueron y le exigieron que se haga la operación para que no tenga más hijos”, dijo en el mismo tribunal Napoleón Salazar, hijo de Mamérita Constanza, otra peruana esterilizada con engaños que murió en Cajamarca.

Hay muchas evidencias de la ausencia de consejería previa, la falta de autorización de mujeres que fueron sometidas a esta vejación de sus cuerpos en las llamadas Ferias de Ligaduras que Rafael Rey reconoció existieron en el régimen de Fujimori.

Evidencias también de que estas políticas públicas se enfocaron en mujeres de sectores pobres acosadas y manipuladas para ser sometidas a las operaciones para cumplir con cuotas y hasta recibir premios y bonos por su cumplimiento.
El archivamiento esta semana del fiscal Marco Guzmán Baca, exculpando a Fujimori y a sus ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Edmundo Yong Motta, y que rompe la pita por el lado más débil denunciando solo a un grupo de doctores, es una nueva violación a la dignidad y derechos de estas víctimas.

Más perverso aún es que un fiscal, cuya principal misión debería ser la defensa del Estado, entienda esa defensa como un ahorrarle reparaciones económicas al Estado, en vez de actuar en defensa del tejido social y de la reparación que merece el delito cometido.

Que ni siquiera dé lugar a que se juzguen las pruebas en un proceso es una vergüenza nacional que debería a todos hacernos saltar en un solo puño, como si se tratara de una afrenta a nuestra soberanía, en este caso, a la soberanía de la justicia que nos toca cuidar. “La violencia en el cuerpo de las mujeres se extiende al cuerpo social de cual todos somos parte”. Esto no quedará así. Están avisados los enemigos de la patria, la democracia y la justicia.