REPARTIJA ASQUEROSA MAL OLIENTE

ACTORES DE REPARTO

Escrito por: Jose Alejandro Godoy 

Ayer, el acuerdo sobre el reparto de puestos para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo estalló por los aires. Durante la mañana y la tarde de ayer, con diversos tonos y comunicados, la mayoría de integrantes electos el miércoles decidió declinar, luego que, en diversas partes del país, la protesta ciudadana se hiciera patente y, en forma casi unánime, los medios de comunicación rechazaran lo que, a todas luces, era una vulgar repartija.

La reculada, en realidad, comenzó el jueves, cuando Ollanta Humala y Keiko Fujimori, en diversos tonos y defendiendo cada uno a sus elegidos, señalaron que existía un problema de legitimidad en torno a algunos de los escogidos. Claro está, 24 horas antes, sus respectivas bancadas habían consumado un acuerdo que les salió caro en términos políticos.

A ellos les siguió Alan García, a quien cuatro partidos políticos le dieron en la yema del gusto al sellar un contubernio rechazado por la población. El problema para el líder aprista es que, desde la ciudadanía, varios le recordaron otra repartija vinculada al Tribunal Constitucional y ejecutada en 2007. De hecho, dichos críticos señalaban que, si el APRA tenía bancada, se hubiera sumado a este cogollo.

Más allá que, finalmente, las dimisiones se concreten en una anulación de la elección la próxima semana - de hecho, quienes han encabezado las protestas cívicas de estos días, prometen continuar los plantones en las calles hasta que ello se consume -, lo cierto es que ha quedado una fea imagen sobre la mayor parte de políticos. Se les ha visto capaces de debilitar dos instituciones que merecen relativa confianza de la ciudadanía - aunque mayor que los poderes del Estado - todo para no ser controlados o para poder consolidar proyectos políticos particulares.

Este problema no se arreglará con meas culpas - algunos de los cuales comenzaron hoy - sino con gestos concretos. El primero es terminar de liquidar la elección cuestionada. El segundo es elegir a autoridades realmente capacitadas para puestos que la ciudadanía valora. Y el tercero es debatir si es que dejar la designación del TC y la Defensoría en manos del Congreso de la República es una regla que debe permanecer sin variaciones.