Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2301 de la revista ‘Caretas’.
Defensa de la Megacomisión
La caricatura que publicó el gran Carlín este domingo 15 en La República, muestra al fiscal de la Nación, José Peláez Bardales en acción ante dos ex presidentes.
En el lado izquierdo del cuadro el fiscal aparece inclinado en profunda, recogida reverencia mientras pasa, serio y arrogante, Alan García. En el lado derecho, el mismo fiscal zarandea furioso y señala con dedo acusador a Alejandro Toledo.
No solo el fiscal. Mientras los medios de prensa hervían con una cobertura fulminante sobre el caso Toledo/Ecoteva, endulzaban hasta el borde de la diabetes la de Alan García (salvo un par de minoritarias excepciones), y arreciaban ataques al presidente de la llamada Megacomisión, Sergio Tejada, por investigar los presuntos actos de corrupción del gobierno de García.
Un ejemplo, entre varios: “El parlamentario Sergio Tejada hace poco o ningún honor a su misión investigadora y deja malparados a todos sus colegas seguidores de la misma. Sus adelantos de opinión mediáticos (filtrados o declarados) saltan a la vista. Confunden y descompaginan todo”.
El autor es Juan Paredes Castro, editor y columnista de El Comercio, el jueves 12 de septiembre pasado.
Paredes Castro tiene una trayectoria eficazmente acomodada a los deseos y objetivos de sus empleadores. En este caso, el objetivo es proteger a García a través del descrédito del presidente de la Megacomisión investigadora.
Algo conozco sobre investigaciones y creo que la que dirige Sergio Tejada no solo es válida sino muy necesaria.
Investigar a quienes manejaron los bienes y los destinos de una nación es indispensable. Una investigación no es el intento de encontrar culpa a priori, sino el de profundizar, aclarar y explicar lo insuficientemente conocido.
En el caso Toledo/Ecoteva/Maiman, por ejemplo, la necesidad de llevar a cabo una indagación a fondo es evidente.
Pero no lo es menos, sino mucho más en el caso del gobierno de García.
Este martes 17, por ejemplo, se hizo pública la información que Abengoa, la gran transnacional de energía y construcción, nombró a Alan García como miembro del Consejo Asesor Internacional de esa empresa española.
Sucede que Abengoa contrató con el gobierno de García por sumas multimillonarias y bajo condiciones más que favorables. Por eso, la compañía andaluza es una de las investigadas por la Megacomisión, especialmente en el caso del llamado “Macroproyecto Pachacútec”, por un monto de 329 millones 112 mil 432 soles.
Hay un patrón que se repite una y otra vez, especialmente en los casos de Alan García y Hernán Garrido Lecca. Una empresa es favorecida con uno o varios contratos, generalmente designados a dedo o con una pretensión de competencia más delgada que hilo dental. Luego, la compañía favorecida nombra consultor a quien ayudó a decidir; o contrata luego como conferencista (o consejero) a quien decidió en su favor. Resulta, en el mejor de los casos, un patente conflicto de intereses que debe ser aclarado al detalle. Ahora es Abengoa, pero no se trata del único caso.
La semana pasada, en una nota publicada en IDL-Reporteros, (reporteros.pe), mi colega Romina Mella reveló otros dos casos similares.
“Hubo o no un conflicto de intereses en todos esos casos? ¿Deben investigarse a fondo esas transacciones, o no?”
El artículo, “Revelaciones”, describe cómo, luego de la venta de Petro-Tech al consorcio colombo-coreano Savia, el ex ministro Hernán Garrido Lecca fue contratado a inicios de 2010 en calidad de ‘consultor’ por dicho consorcio. Como escribió Mella, “es importante señalar que no fueron los coreanos sino los colombianos quienes contrataron” a Garrido Lecca.
Como consultor, este hizo muy poco, pero sus honorarios fueron, en cambio, notables, tanto en la cantidad como en la contradicción. Según el propio Garrido Lecca declaró a la SUNAT, sus honorarios fueron de 395 mil soles. “Savia, sin embargo, informó a la Megacomisión haber pagado US$69,555.56”.
IDL-R había ya revelado que unos meses antes, luego de actuar exitosamente como lobista de la compañía de seguridad israelí, Global CST, ante las autoridades peruanas, Garrido Lecca fue contratado como ‘consultor’ de esa compañía (acusada por la Contraloría de haber cobrado en exceso por sus servicios) en la república de Guinea. Por dicha ‘consultoría’ africana, Global CST le pagó 369 mil soles a Garrido Lecca.
Algún tiempo después, la compañía española Endesa, que había tenido problemas judiciales con Petro-Tech, antes de ser favorecida “por el Decreto Supremo N°001-2010-EM, del 5 de enero del 2010, que estableció beneficios para las compañías eléctricas generadoras de centrales de Reserva Fría de Generación”, contrató a Alan García –firmante del decreto– para que diera una conferencia en Madrid, por la que le pagó 60 mil dólares.
¿Hubo o no un conflicto de intereses en todos esos casos? ¿Cabe una seria posibilidad de que se haya pagado sobreprecios a esas compañías?¿Deben investigarse a fondo esas transacciones, o no?
Lo que IDL-Reporteros ha podido constatar –y publicará en estos meses– es que un patrón muy parecido se repite en varios otros contratos y transacciones.
¿Es eso todo? De ninguna manera. Me he puesto a ver solo algunos de los casos de corrupción descubiertos y cubiertos durante el último año y medio del gobierno de Alan García y ustedes dirán si la lista es pequeña o poco importante:
• La estafa camionera: la abortada compra de portatropas con gran sobreprecio por el ministerio del Interior aprista en 2010.
• El caso Cofopri. ¿Lo recuerdan? Forzó la renuncia del entonces secretario general aprista Omar Quesada.
• El indulto trucho de Crousillat, que hubo de ser revertido luego del escándalo que causó.
• El escándalo del Decreto Legislativo 1097, en el que el entonces ministro Rafael Rey se hizo asesorar por los abogados de aquellos violadores de derechos humanos a quienes favorecía el Decreto.
• Entre los casos identificados y hechos públicos luego de la salida de García de la presidencia están los narcoindultos, el caso Global CST y el llamado ‘Feria de Libros’, que fue la participación de la librería Crisol (en cuyo directorio está Alan García junto con el ex ministro de Educación José Antonio Chang en la venta digitada de libros al ministerio de Educación, entonces bajo la dirección del propio Chang.
La Megacomisión investiga algunos de estos casos y otros más. Gracias a la serena persistencia de Sergio Tejada, su presidente, ha continuado avanzando, pese al hostigamiento de grupos diversos unidos en defensa de la impunidad.
Espero que Tejada intensifique al máximo sus investigaciones en las pocas semanas de pesquisa que le quedan. Así, mientras el procurador Julio Arbizu se enfrenta a los corruptos en los tribunales, Tejada podrá cumplir el papel fiscalizador que le confiaron sus electores. Aunque los dos no son suficientes, es mucho lo que han hecho y más lo que podrán hacer, si persisten, en el futuro cercano
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