GOBIERNO SE HACE DE LA VISTA GORDA

Una ley, el tránsito y la vista gorda

En tres días comenzarán las vacaciones de julio (es un decir, porque dada la sucesión de paros y huelgas el alumnado ya goza de un largo asueto) y como es habitual, muchos uruguayos salen a recorrer nuestro país, como lo hacen también en la temporada de verano y en las semanas Santa y de carnaval. 

Alcanzará con una leve observación a las rutas nacionales en las dos semanas próximas para constatar la presencia de una buena cantidad de vehículos con varias décadas de rodaje encima y que no cumplen con muchas de las normas establecidas para circular por carreteras; acaso la más notoria y peligrosa es la ausencia de suficientes luces.

No obstante, como ocurre con muchas otras actividades de nuestro país del "más o menos", las autoridades pertinentes prefieren hacer la vista gorda. Como la hace, también, con la obligatoriedad (fijada por ley en el año 2009) de que cada vehículo tenga vigente el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), cu- yos controles brillan por su ausencia aun sabiéndose que carecen del mismo más de un 30 por ciento de los automóviles que circulan por las calles y rutas del país. Y como siempre, los pasibles de perjuicio son los que lo pagan, mientras que los "vivos" que lo eluden se amparan en la vista gorda que practican las autoridades que deberían velar por su cumplimiento.

Es que hacer la vista gorda parece una costumbre bien arraigada cuando se trata de vigilar las condiciones en que los rodados circulan por nuestras calles, como bien lo saben, también, los hurgadores que no respetan prohibiciones de horarios ni avenidas que les están vedadas y andan libremente por la ciudad con sus carritos manejados muchas veces por menores de edad, sin ninguna luz que advierta su presencia y castigando caballos más cerca de desplomarse por el maltrato que de seguir andando. Es cierto que algunos han sido confiscados, pero eso ocurrió en algún día ocasional en que los inspectores salieron a las calles con ese cometido puntual; no hay una acción rutinaria de vigilancia sobre un fenómeno que debería combatirse día a día.

Y mientras carritos de hurgadores y vehículos envejecidos o sin SOA circulan a piacere, el gobierno impuso una nueva ley que afecta a los automotores cero kilómetro y que significará un incremento en sus precios en un país que roza el privilegio de tener los vehículos más caros del mundo.

La referida ley, N° 19.061, sujeta todavía a reglamentación, fija nuevos dispositivos y elementos de seguridad con que deben contar a partir de ahora los vehículos cero kilómetro. Entre otras exigencias, se establece que todos los que se comercialicen a partir de la vigencia de la ley deberán contar con sistema de frenos ABS, apoyacabezas en todos sus asientos, cinturones de seguridad de tres puntas y airbags frontales en las plazas delanteras.

La idea es loable si eso fuera a significar la reducción de la siniestralidad en el tránsito y el número de víctimas fatales, pero también hay que señalar que significará el incremento de los precios de los automotores nuevos y una disparidad de criterios con lo que señalamos arriba: que no se tiene la misma rigurosidad con los automóviles envejecidos y los carritos de los clasificadores.

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) plantea que existe una realidad de mercado que se interpone con esa normativa, ya que muchas fábricas automotrices extranjeras no construyen vehículos con apoyacabezas en todos sus asientos ni todos sus modelos tienen airbags, por lo que esos dispositivos deberán agregarse aquí con el costo extra que eso significa y que, claro está, se trasladará al precio final.

Como la reglamentación a esa ley tiene plazo hasta el 6 de julio próximo, la ACAU está en negociaciones con la Unasev con el objetivo de encontrar la mejor forma de mitigar el incremento en los costos (hay alguna fórmula en carpeta). Pero más allá de que ese asunto llegue a solucionarse, quedará todavía pendiente el otro problema, el de también hacer descender los índices de siniestralidad aplicando una vigilancia más estricta en el cumplimiento de reglas para los otros actores del tránsito, los vehículos envejecidos y los carritos hurgadores, que no son exigidos en igual forma. Hay que terminar con su contemplación haciendo lo más fácil: la vista gorda.

Hacer la vista gorda parece una costumbre bien arraigada cuando se trata de vigilar las condiciones en que los rodados circulan por las calles, como bien lo saben los clasificadores.