Entrevista El exrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú Salomón Lerner Febres afirmó que es necesario aprobar norma para convertirlas en un bien público. Apoya la creación de una superintendencia para que vigile el uso adecuado de recursos.
¿Es necesario dar una nueva ley universitaria?
–Es urgente porque la ley vigente, el decreto legislativo dado por el
régimen fujimorista, nos ha conducido a una situación deplorable. Por permitir
la inversión privada en la educación existen 140 universidades, la mayoría de
muy poca calidad educativa, en las que priman el lucro, la renta y se ha
acentuado una lucha por el poder.
¿Y hacia dónde debe apuntar la ley?
–La ley universitaria en el Perú debe exigir que haya universidades de
calidad comprobada, que otorguen una preparación integral, que estén vinculadas
con la realidad nacional y acentúen el aspecto de la investigación.
Y en este aspecto, ¿la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha sumado o
restado?
–En realidad no se ven frutos concretos de su actividad, habiéndose limitado
a resolver conflictos que se propiciaban dentro de las propias universidades
cuando se pelean para llegar al poder, allí entra a tallar y forma comisiones
reorganizadoras... creo que ha olvidado que hay tareas que van más allá de
mirar de modo disimulado los problemas.
¿Se deben replantear las funciones de la ANR o debería desparecer?
–Debe quedar como un organismo de coordinación entre rectores, pero sin
tener algunas facultades que hoy posee y que no cumple cabalmente. No puede
seguir haciendo lo que le venga en gana, abusando de su autonomía.
¿En qué ha fallado, qué facultades no debería tener?
–La ANR no debe autorizar el funcionamiento de universidades porque ha
permitido la creación de varias de muy escasa calidad, sin pedir exigencias mínimas
respecto a plana docente, estructura física y equipamiento. Se han visto casos
de campus que funcionan provisionalmente, los fines de semana, en hoteles; una
vergüenza.
¿Está de acuerdo con la creación de una superintendencia para mejorar la
calidad de las universidades?
–Sí, porque la superintendencia será una instancia que vigile el uso
adecuado de los recursos que se otorgan a las universidades. Eso no es ir
contra la autonomía, eso se llama transparencia. Además, debe establecer
estándares mínimos y aceptables para que una universidad se pueda llamar
universidad en toda la extensión de la palabra.
Entonces, ¿respalda la propuesta que discute la Comisión de Educación?
–No la conozco en detalle, pero los grandes lineamientos son correctos:
lograr que la educación universitaria sea entendida como bien público y no como
negocio. Ese debe ser el fin fundamental, el punto de partida, y es bueno que
el Congreso se aboque al tema de una vez por todas y saque adelante la reforma.
Las protestas contra norma no se justifican
¿Se justifican las marchas de protesta contra la ley universitaria?
–No, pero si se explican porque la nueva ley cambiaría un estado de
cosas que vienen funcionando mal con el consentimiento de muchos. Una
universidad que merece llamarse universidad no debería oponerse.
–Pero la ANR insiste en que la ley lesiona la autonomía.
–Eso no es así, son críticas y reclamos que pueden caber en una
pancarta, eso no se sustenta.
–Un grupo de alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos también se ha
plegado a las marchas.
–Abogaría por leer mejor el proyecto y que los rectores que están en
contra presenten, de modo razonable, sus objeciones. La propuesta aún está en
discusión y todos debemos participar.
¿Ve un apresuramiento en discutir la ley?
–Llegó el momento de discutirla, de ver los pro y contra, porque la
situación no da para más. Las universidades no están investigando ni planteando
un perfil de estudiantes de calidad, no tienen un rol social de liderazgo. Eso
tiene que cambiar.
El otro lado
Fue rector de la PUCP por diez años, desde 1994 hasta el 6 de julio de
2004, período en el que tuvo la responsabilidad de presidir la Comisión de la
Verdad y Reconciliación.
Su pasión es enseñar, pero también su familia. Basta con ver su oficina,
adornada con innumerables retratos de su esposa, hijos y nietos.
Junto con otros exrectores ha creado el Instituto de Estudios sobre la
Universidad y desde hace tres años analizan la problemática de la enseñanza en
ese nivel.
Más propuestas
Usted, junto con otros exrectores, ha presentado una propuesta
alternativa. ¿En qué consiste?
–Hemos propuesto que las universidades integren el Consejo Nacional de
Universidades con autonomía presupuestal, legal y funcional.
¿Y este organismo autónomo sería encargado de calificar a las
universidades?
–Sí, sería un organismo independiente y compuesto por nueve miembros
elegidos por el Presidente de la República sobre una lista de candidatos
propuestos por las academias más reconocidas, el Consejo Nacional de Decanos y
por las universidades públicas y privadas más antiguas.
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