Contraloría General aprobó Reglamento que
complementa el marco normativo para el ejercicio de facultad sancionadora
Tribunal de Responsabilidades Administrativas
resolverá apelaciones respetando los principios del debido proceso
El Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas resolverá las apelaciones a los fallos sancionatorios por
faltas administrativas graves o muy graves en perjuicio del Estado, impuestos a
los funcionarios públicos, respetando los principios del debido proceso
conforme se desarrolla en el Reglamento que fue aprobado por la Contraloría
General de la República y publicado el lunes 3 en el diario oficial El Peruano.
De acuerdo al reglamento aprobado, el
funcionario público podrá apelar una sanción impuesta en un plazo de 15 días
hábiles de notificada la resolución. El Tribunal deberá resolver el caso dentro
de los 10 días hábiles siguientes de haber declarado que el expediente se
encuentra listo para ser resuelto.
Según la Ley Nº 29622 y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 023-2011-PCM, se han especificado 47 conductas y sus
agravantes que son consideradas graves o muy graves. De acuerdo a ello, las sanciones
por faltas administrativas podrían ser la inhabilitación para el ejercicio de
la función pública de uno a cinco años o la suspensión temporal en el ejercicio
de sus funciones, sin goce de remuneraciones, de 30 a 360 días calendario.
Como se conoce, el Procedimiento Administrativo Sancionador que ha puesto en marcha la
Contraloría General en ejercicio de su capacidad sancionadora, está compuesto
en primera instancia por los Órganos
Instructores, que se encargan de investigar las irregularidades
administrativas identificadas en los
informes de control y recomendar una sanción; y el Órgano Sancionador, que tiene como función imponer o desestimar la
sanción propuesta.
El Tribunal
Superior es la segunda y última instancia a la que deben acudir los
funcionarios que no estén de acuerdo con la sanción administrativa. Este es un
órgano colegiado integrado por cinco vocales elegidos por concurso público de
méritos.
El Tribunal Superior se encuentra instalado y
tiene su sede en Lima, habiendo el reglamento previsto la posibilidad que pueda
sesionar de manera descentralizada y que puedan crearse salas adicionales para desconcentrar y
resolver los procesos.
Cabe señalar que la puesta en marcha de la
capacidad sancionadora de la Contraloría General marca un hito en la lucha contra la
impunidad, toda vez que, - por respetar los principios del derecho
administrativo sancionador -, se
constituye en un referente para la imposición de sanciones a servidores
y funcionarios públicos independientemente de la entidad o régimen laboral,
contractual, estatutario, administrativo o civil en el que se desempeñen.
En tal sentido, se enmarca en la moderna
tendencia para la unificación de regímenes sancionadores, que propende a la
estandarización de los procedimientos y sanciones que actualmente se aplican en
la administración pública, permitiendo un tratamiento uniforme de la
responsabilidad administrativa funcional, respetando el debido proceso y
aplicando las sanciones más adecuadas a la gravedad de las conductas
infractoras.
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