¿Hay una amenaza a la libertad de expresión con las declaraciones de Ollanta Humala? No, por ahora (parafraseando al Presidente de la República). Pero sí es cierto que la ambigüedad de las mismas abona poco al debate. Como mencionó claramente el comunicado del IPYS:
El presidente Humala no señaló, durante la entrevista, si su gobierno promoverá la modificación del marco legal que avaló dicha compra, por lo que el IPYS cree conveniente una precisión sobre el alcance y la implicancia de sus declaraciones.En este contexto, el IPYS considera que el gobierno debe mantenerse al margen de la controversia suscitadapor la compra de Epensa por parte de El Comercio.
Esa ambigüedad, por cierto, no se despejó con el misilazo con el que Humala se despachó ayer.
¿Por qué coincidimos con esta parte del comunicado del IPYS? Primero, porque es conocida la vocación de nuestros políticos por tener “buena prensa” (y aquí, hay que decirlo, ninguno se salva, volveré a este punto más adelante). Segundo, porque, al igual que IPYS, consideramos que la vía judicial es la mejor para poder resolver esta controversia. Y tercero, porque Ollanta Humala comete un error de campeonato al volver a activar uno de los fantasmas que se le achacaban, sobre un posible autoritarismo. Más aún cuando el Presidente de la República tiene esta lógica “amigo - enemigo” cuando se trata de juego político. La torpeza presidencial es el mayor combustible para sus detractores.
¿Hay una potencial amenaza a la libertad de expresión en la compra de Epensa por parte del grupo El Comercio? Esto es lo que el Poder Judicial - y, probablemente, el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - deberá dilucidar.
He leido la demanda de amparo presentada por 8 periodistas respecto a este tema y, hay que decirlo, existen argumentos de peso en la misma. Todos dirigidos a demostrar que se vulnera el artículo 61° de la Constitución respecto al acaparamiento. Se presentan informes elaborados por economistas de la Universidad del Pacífico en torno a la publicidad y comercialización de diarios, así como la unidad intrínseca de Epensa y EC, a partir de datos sensatos y que requieren un análisis exhaustivo.
Y, hay que decirlo, es una lástima que El Comercio haya preferido defenderse a punta de periodicazos, aprovechando los dislates presidenciales y teniendo como aliados a los políticos a los que trata bien en sus páginas (como el fujimorismo que se compró la mayoría de medios o el aprismo que cerró radio La Voz de Bagua), en lugar de contestar, una a una, las afirmaciones presentadas en la demanda. Teniendo abogados en su plana periodística - y editorial -, resulta lamentable que ninguno de ellos conteste a estos argumentos presentados. Porque la demanda no habla de control de contenidos, sino sobre acaparamiento.
¿El Comercio ha tenido un comportamiento errático frente a este tema? Con excepción de la exposición de Alejandro Miró Quesada ante la Sociedad Interamericana de Prensa, creemos que sí. De un lado, porque se negó a debatir por varias semanas durante este tema, con excepción de un editorial en el que negaba la existencia del problema y solo mencionaba que “el mercado” solucionaría cualquier posible contingencia. Claro está, olvidaba algunos problemas de ese mercado, que no es infinito.
Pero, de otro lado, porque su propio comportamiento periodístico ha sido érratico en los últimos años. Comenzó en 2008, cuando, luego de la salida de Alejo Miró Quesada y Augusto Álvarez Rodrich, EC volvió a la normalidad. Como indicabaRoberto Bustamante:
El diario Perú.21, creo, cumplió un fin bastante definido a inicios de la década, en los primeros años del gobierno de Toledo (con los recuerdos de del gobierno de Fujimori y de la fallida transición con Paniagua). Digamos que el equilibrio de fuerzas conservadoras (que sostuvo al fujimorismo) se ha recompuesto y ya no es necesario una línea editorial como la que mantenía AAR. Sale. Aunque causó harta sorpresa, no deberíamos asombrarnos. El Comercio (y sus distintos productos) ha tenido una línea conservadora histórica y más bien, lo de Perú.21 fue una suerte de intermezzo, una corta desviación de su tradición periodística.
Ello se acentuó durante la campaña electoral de 2011, cuando no querían que sus periodistas “humanicen” a Ollanta Humala. Y Rosa María Palacios les recordaba, mediante cartas, que estaban jugando con fuego. Aquí algunos párrafos de una de estas misivas:
La única defensa posible ante esta amenaza a la propiedad es la de garantizar la independencia editorial de cada medio. Solo así queda perfectamente a salvo el derecho del público a gozar de la pluralidad informativa, derecho esencial en la defensa de la libertad de expresión.(…)Sin embargo, si Laura Puertas es expulsada de la Dirección de América por razones políticas y debido al voto de los Directores de El Comercio, quedará claro que tal independencia se ha perdido y que pasamos a un régimen de uniformidad de contenidos que hace lógica la acusación del Plan de Gobierno de Gana Perú y justificable ante la opinión pública la necesidad de dividir la propiedad de conglomerados mediáticos. Como ustedes comprenderán, estos hechos ya son casi de dominio público.(…)Yo no puedo, ni quiero, adivinar qué es lo que le gusta o no le gusta al Directorio de El Comercio. Eso solo promueve la autocensura, que es el mayor de los males en el periodismo del día a día. No sé cuáles son sus gustos políticos ni me interesa saberlos. Lo que criticamos, a todos los políticos, es el ataque a principios claramente establecidos en la línea editorial: La defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión y la defensa de la calidad de vida. Todo eso está ya escrito en los Principios Rectores y a ellos, y solo a ellos, debo sujetarme.
Al no explicar nunca estos cambios, un sector del público fue perdiendo confianza y agarrando antipatías al grupo EC. Y creo yo que en la calle Miró Quesada no se han dado cuenta sobre esta pérdida de confianza. Claro está, esto no se soluciona ni con una demanda ni, menos aún, con una ley. Pero quizás esta coyuntura sea la precisa para que en EC se planteen, por fin, si es que su conservadurismo no resulta siendo anacrónico para estos tiempos. Y, claro está, eso también ha condicionado su manejo periodístico en este tema, a mi modo de ver, en forma equivocada. Como los vetos a quienes no les agradan o discrepan de ellos, por solo mencionar uno de estas prácticas erradas.
¿Qué temas están fuera de la discusión y deberían estarlo? Para comenzar, la visión que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que es reseñada por Ricardo Uceda:
Pero el foco de estas preocupaciones son millones de personas que según la CIDH no tienen su libertad de expresión asegurada: jefas de familia en extrema pobreza, grupos marginales afrodescendientes, indígenas, poblaciones rurales. Sus voces e intereses no estarían reflejados por los medios, orientados fuertemente a su mercado urbano y ahora mismo al entretenimiento. Ante lo cual, la Agenda Hemisférica plantea que los Estados impidan la concentración de medios y democraticen la asignación del espacio radioeléctrico y del dividendo digital. Les pide promover radios comunitarias y que los medios estatales sean realmente públicos y no estén al servicio del Gobierno.No hay que perder de vista que las preocupaciones anteriores apuntan principalmente a la concentración de medios que usan el mercado radioeléctrico. No a la de los impresos. Por otra parte, se hacen en nombre de los mayores afectados: los excluidos. En conclusión, todo intento por cuestionar a la concentración de medios desde estándares democráticos debe hacerse desde la afectación de la diversidad y pluralidad informativas.
Ojo que este es el primer caso en el que se plantea el tema en torno, básicamente, a prensa escrita. De allí que el caso peruano, de llegar a instancias supranacionales, pueda ser emblemático.
En segundo lugar, la legislación vinculada a fusiones y adquisiciones, en medio de un debate más amplio sobre la competencia en el Perú, como también reseña Uceda:
Es posible que se reabra la discusión sobre el sistema de controles antimonopólicos. El Perú es uno de los pocos países donde no hay controles previos. Hasta el momento no han tenido éxito los intentos de plantear un debate en el Congreso sobre los vacíos legales existentes. La compra de EPENSA podría animar una nueva discusión. En ella se enfrentarán nuevamente tendencias de política económica, sacando unos como mal ejemplo lo que está pasando con los medios, y otros como bueno el que la compra de Inca Kola por Coca-Cola no haya impedido el surgimiento ganador de Kola Real.
Lamentablemente, las anteojeras ideológicas impiden una discusión mayor en torno a este sentido, sea porque hay quienes consideran que “nada del modelo puede tocarse” o porque “todo debe cambiarse”. Ya va siendo hora que debatamos estos temas, así como la posibilidad de propiedad cruzada en medios de comunicación.
Finalmente, el problema que para mi es clave: las barreras de acceso al mercado de prensa escrita. Los canillitas cobran 5% más a los medios nuevos, a quienes no les miden lectoría en el primer año y, además, no tienen acceso a puntos de venta en grifos y supermercados. ¿De esto dicen algo El Comercio, La República y Epensa?
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