La vida, la familia, la educación, ¡claro que importan,…y mucho!
La espesura, la crudeza y la persistencia de la crisis económica deben ser combatidas y paliadas, sí, y con todas las fuerzas y medios, pero no puede hacer olvidarnos sobre las causas más hondas que la han traído y que –repitámoslo una vez más- son de naturaleza ética y moral. Y a ello volvió a referirse el lunes 15 de abril, en la apertura de la 101 Asamblea Plenaria de la CEE, su presidente, el cardenal Rouco Varela.
En la tercera parte de su discurso de apertura de la asamblea (ver páginas 6 a 11), el purpurado habló de los graves problemas del presente y de la responsabilidad de los católicos, dirigiendo una llamada al laicado, y en particular a los políticos católicos, a promover una acción política, social y económica coherente con la doctrina moral y social cristiana, la cual, a su vez, no solo respeta, sino que potencia la ley natural y la verdad del hombre y de la vida.
¡Claro que es necesario trabajar denodadamente para combatir el paro, singularmente el juvenil, que afecta a más de la mitad de la población joven de España! ¡Claro que hay que dar respuesta justa y solidaria al drama de la vivienda y de los desahucios! Pero ¡claro que también hay que recordar que la vigente legislación española en relación al derecho a la vida humana y sobre el matrimonio necesitan –es de estricta justicia- ser reformadas! Es preciso, pues, seguir denunciando la iniquidad de la ley del aborto de julio de 2010, todavía en vigor en nuestra sociedad y sin tan siquiera un nuevo anteproyecto de ley “que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental”. Y mientras tanto, “¡España envejece y se debilita!”, sí. Y mientras tanto, en los diez últimos años ha crecido en un 70% el número de abortos –de 69.857 en 2001 a 118.359 en 2011- y son ya un millón setecientos mil los abortos “legales” y contabilizados en España desde 1985, año de la primera ley del aborto.
Como el cardenal Rouco señaló, urge asimismo reformar la ley del matrimonio para que vuelva a ser matrimonio, para “restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa”, para “recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social”. De lo que se trata también es de “proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposas o esposos”.
El fracaso –lamentablemente fracaso- de los últimos modelos legislativos en España sobre educación está igualmente en base de la actual situación de crisis que zahiere a nuestra nación. Por ello, es preciso seguir demando a gobernantes y a políticos “una legislación más justa en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y, en concreto al efectivo ejercicio del derecho fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que desean para sus hijos”. No se trata de reclamar privilegios, gustos o caprichos, sino de reivindicar derechos fundamentales y de tomar conciencia de que las carencias del sistema educativo se traducen después en problemas y taras para “afrontar con éxito la vida personal, laboral, social y política”.
La salida de la crisis económica requiere, por supuesto, de medidas políticas, técnicas, sociales y macro y microeconómicas adecuadas, justas, solidarias y proporcionales a las demandas actuales tan acuciantes. No es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas y técnicas para los problemas de orden temporal. Sí es misión de la Iglesia contribuir con sus personas, instituciones y recursos a contener, paliar y enjugar los efectos tantas veces devoradores y desoladores de la crisis. Es también tarea de la Iglesia llamar -como ya decíamos antes- a la participación en la acción social y política y a hacerlo además como católicos, conscientes de sus responsabilidades cívicas y cristianas.
Y claro que es misión de la Iglesia seguir iluminando las conciencias y clamar y reclamar por el cumplimiento, respecto y desarrollo de todos los derechos humanos.
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